Palacio Legislativo, 26-11-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados pidió a la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Guerrero, que se revisen los casos de integrantes de una organización civil detenidos en ese estado.

En un punto de acuerdo que aprobó el Pleno, presentado por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de MC, se denuncian detenciones “arbitrarias” y acoso de autoridades contra integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Se recuerda que esa organización cuenta con más de 18 años de historia y aglutina a mil 20 habitantes de diversas comunidades de la costa chica y la montaña de Guerrero, así como a mil 300 policías comunitarios.

Señala que durante poco más de una década el Estado mexicano ha sido marcado por una ola de violencia que se ha expandido por todo el territorio nacional, con la presencia de integrantes del crimen organizado.

Ante “la falta de reacción por parte del Estado”, han proliferado organizaciones como la CRAC-PC, que es una institución popular, autónoma y voluntaria de control territorial, vigilancia comunitaria y administración de justicia a escala regional.

Esta agrupación, que surgió de la necesidad de la comunidad misma para brindarse seguridad, ha sufrido hostigamiento por parte del gobierno del estado, por pronunciarse a favor de diversas causas justas e importantes para sus habitantes, aseguraron los diputados.

Como ejemplo mencionaron la reciente “detención arbitraria” de Nestora Salgado García, el pasado 21 de agosto, quien se desempeña como Coordinadora Regional del Municipio de Olinalá, bajo los cargos de secuestro y tortura, “de los que es pertinente decir que se trata de cargos infundados”.

Asimismo, comentaron la captura de Gonzalo Molina González, el pasado día 6 de noviembre, “cuando alrededor de 100 policías ministeriales con exacerbada violencia detuvieron a este promotor, bajo los cargos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad personal y robo agravado”.

En el punto de acuerdo se exhorta a la CNDH a que inicie una investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en los procesados Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González, integrantes de policías comunitarias en Guerrero.

Se señaló que existen fuertes indicios de violación a sus garantías procesales en el momento de su detención y que hoy se les mantiene incomunicados de sus familiares en Centros de Readaptación Social de Nayarit y Oaxaca, respectivamente.

También se pide a la SCJN que acumule y atraiga los expedientes de 13 personas detenidas, las cuales “recibieron flagrantes violaciones al debido proceso establecido en la Constitución Política”.

Estas personas son: Nestora Salgado García, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, Gonzalo Molina González y Ángel David Chanita Molina.

A la Secretaría de Gobernación se solicita revisar el carácter y estatus jurídico de esos detenidos.

También se exhorta al gobierno de Guerrero para que cese el clima de persecución y violencia contra las comunidades y organizaciones y que se privilegie el diálogo y los acuerdos planteados en las mesas de negociación de los días 20 de marzo y 19 de agosto del 2013, para este caso particular.

A los gobiernos para que en el marco de sus competencias, “cese la persecución y violencia en contra de las comunidades y sus organizaciones, en todo el territorio nacional”.

AMR/JGM