Otto Granados, colaborador: La presentación del Indice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional, en cuya nueva edición México cayó del sitio 51 que ocupó en 2001, al vergonzoso número 70 en este año, se exhibe con alarmante claridad la disolvencia institucional que ha corroído al país desde hace varios años, pero también las tremendas dificultades objetivas que hay para asegurar que México cuente con eso que alguien ha llamado una sociedad decente.

En efecto, la mayoría de los reportes internacionales de competitividad coinciden en señalar que a pesar de los progresos que el país muestra en distintos campos, como la cobertura en salud y educación pública, la estabilidad macroeconómica o la apertura comercial, parece haber un progresivo deterioro en la capacidad del Estado para preservar el imperio de la ley y la seguridad pública, y para garantizar una institucionalidad mínima que permita que el resto de las variables en que se basa el funcionamiento de la economía, la armonía social y las libertades civiles, operen con razonable eficacia.

Las razones son extraordinariamente complejas y diversas y tienen que ver desde luego con aspectos técnicos, presupuestales, políticos, regulatorios, judiciales o de inteligencia, pero una de ellas es la baja profesión cultural, psicológica y básica de la ciudadanía para respetar el Estado de Derecho (Cúpula Empresarial, 6:33, 5’ 14”, mahm).