Rubén Rojas, reportero: Los servidores públicos de la PGR sujetos a investigación por su presunta colaboración con el crimen organizado podrían alcanzar penas de hasta 37 años de prisión.

-Insert de Samuel Hernández de Alba, investigador de la INACIPE- "Para ellos la conducta está agravada, por ejemplo, en los delitos contra la salud se les aumenta hasta una... mitad de acuerdo al 196, fracción primera, del Código Penal Federal.

"Entonces son sanciones mucho más altas que para la población normal, en virtud de estar encargados de la prevención o del ataque de este tipo de ilícitos. Por lo tanto, se les agravan las sanciones a estas personas".

Sin embargo esto dependerá del tipo de delitos que se comprueben y de la acumulación de los mismos, pues si se logra fincar responsabilidades por los ilícitos de manera particular las penas serían menores.

-Insert de Marco del Rocío Rodríguez, director del Postgrado de la Universidad Panamericana- " ... aparte de asociación delictuosa puede haber cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, obviamente se tienen que investigar las fuentes y el patrimonio de estas personas".

-Insert de Samuel Hernández de Alba, investigador de la INACIPE- "Si se acredita que hay enriquecimiento ilícito también, que es un delito cometido por un servidor público, que también como lo acabas de mencionar desgraciadamente no es grave tampoco, pero si los unimos con los demás delitos que se vinculan, con delitos contra la salud y delincuencia organizada, definitivamente las sanciones son muy, muy altas".

A la par de la investigación penal también habrá una sanción administrativa por parte de la Secretaría de la Función Pública, que contempla penalidades como la inhabilitación del servicio público.

-Insert de Marco del Rocío Rodríguez, director del Postgrado de la Universidad Panamericana- "En situaciones graves, que la ley obviamente no define y lo deja a la interpretación del juzgador se puede ampliar hasta 20 años".

En este escenario los legisladores debaten sobre la prudencia de revisar las penas contra los servidores públicos involucrados con el crimen organizado. Sin embargo, señalan que primero es necesario continuar la depuración de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

-Insert de Emilio Gamboa, PRI- "Que investigue a fondo por parte de la PGR todos los casos".

-Insert de Alfonso Suárez, PRD- "El fortalecimiento de las sanciones también se debe de contemplar, pero yo voy más a la acción preventiva".

Por lo pronto, los funcionarios sujetos a investigación están acusados de colaborar con cárteles del narcotráfico en su modalidad de fomento para la comisión de ilícitos del orden federal.

Al respecto, la ley revé una sanción de 10 a 25 años de prisión y 500 salarios mínimos de multa; es decir, cerca de 28 mil pesos. 2’ 27” A.L./m