PRI pide elevar a rango constitucional las pensiones

La diputada federal priísta Irazema González Martínez Olivares propuso elevar a rango constitucional el derecho de una pensión para los adultos mayores, así como el acceso para su adecuada movilidad en espacios y transportes públicos.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abundó que el objetivo es que a este sector de la población, además de gozar de una pensión económica, se le garantice una vejez digna y decorosa.

La iniciativa para adicionar el Artículo 4 de la Constitución plantea que se establecerán las modalidades y los apoyos para el acceso a estos derechos, y que el Estado implantará políticas públicas para la integración y participación de los adultos mayores en la vida activa y comunitaria.

La propuesta señala que según el Censo de Población 2010, la cifra de mexicanos de 60 años y más asciende a 10 millones 55 mil 379 personas, es decir 9.06% de la población total del país, y se tienen que empezar a garantizar sus derechos porque la población de adultos mayores va en aumento.

La diputada por el Estado de México indicó que los adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables de la población, porque no cuentan con una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

Además enfrentan “constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en espacios públicos y transportes, lo que dificulta que se integren y participen en la vida económica y social” , expuso González Martínez Olivares en un comunicado.

Advirtió que el porcentaje de adultos mayores que no cuentan con seguridad social de este tipo es muy amplio, por lo que se deben garantizar las ayudas pensionarias a este grupo para que tengan un desarrollo pleno, porque de lo contrario se les condenaría a la marginación.

La priísta recalcó que es importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad en el país, porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2030 habrá más adultos mayores que menores de 15 años.

Además se estima que para 2050, del total de la población mexicana 30% tendrán más de 60 años, por lo que es importante diseñar políticas públicas con este enfoque.

González Martínez agregó que “la presencia de estos derechos en el máximo ordenamiento de la nación, los hace operativos, de aplicación directa, pero sobre todo vinculantes con los poderes públicos y con las necesidades de los adultos mayores”. Ma.m.