La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para recuperar los Acuerdos de San Andrés que se encuentran plasmados en la Ley Cocopa que no fueron aprobados en la reforma de 2001.

Los diputados Fernando Belauzarán Méndez, Vicario Portillo Martínez, Miguel Alonso Raya, Jhonatan Jardines Fraire y Carlos Reyes Gámiz mencionaron que esta propuesta rescata temas fundamentales como el de la democracia, justicia, bienestar y desarrollo que habían sido originalmente propuestos en los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución y que no fueron considerados en la reforma.

Aseguraron que la modificación de 2001 al Artículo 1, tras negociaciones del gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representó un avance en la reivindicación de derechos y cultura indígena, pero no significó el fin del conflicto que se planteó resolver.

En conferencia de prensa mencionaron que la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, religión, condición social o cualquier otra que atente contra la dignidad humana también debe verse como una conquista a favor de la inclusión de los mexicanos en su rica pluralidad.

Sin embargo, señalaron que, a pesar de ese avance, es necesario reconocer que existe un conflicto abierto y que falta camino por recorrer en la reivindicación plena de los derechos de los pueblos indígenas.

Apuntaron que en ese sentido es conveniente rescatar los puntos que no fueron incorporados de la iniciativa de ley formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación que fue dictaminada en abril del 2001.

Los diputados consideraron como indispensable que el Congreso de la Unión discuta sobre democracia y justicia y bienestar y desarrollo, para contribuir de esa manera con la paz y el fortalecimiento de las comunidades indígenas, respetando sus diferencias y reconociéndonos juntos como parte de la nación mexicana.

Es necesario, sostuvieron, lograr que la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, ya consignada en el Artículo 2o. de la Constitución deje de ser un buen deseo y pueda ejercerse a plenitud, en el marco establecido por la propia Carta Magna.

En ese sentido, agregaron, resulta fundamental garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a las instancias de representación política y al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público.

Resaltaron el indiscutible mérito del EZLN, que puso en el centro de la agenda nacional la situación de injusticia que padecen los pueblos indígenas del país, y afirmaron que su voz no podrá ser ignorada en el dictamen de las reformas y adiciones que presentan en esta iniciativa.

En este sentido, dijeron, se propone derogar elementos que resultaron polémicos, como las políticas asistencialistas que no fueron pedidas y se incluyeron en el artículo segundo de la Constitución, las cuales provocaron fuertes críticas por parte de diversas organizaciones indígenas que, con justa razón, no quisieron ser degradadas a simples demandantes de dádivas.

El propósito, explicaron, es poner al Congreso de la Unión a rediscutir un tema que quedó inconcluso, en donde ha habido avances pero que quedan asignaturas pendientes que son ineludibles para poder responder adecuadamente a los pueblos indígenas.

Por lo tanto, subrayaron, el Poder Legislativo debe hacer su trabajo, escuchando a todos a luz de la experiencia y mostrando disposición a corregir deficiencias y profundizar en las reformas.

De ser necesario, expusieron, se debería invitar al EZLN en este diálogo con el fin de recuperar los acuerdos de San Andrés Larrainzar. /gh/m