La Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidió tomar cartas en el tema de los permisos a casinos y la presunta red de corrupción en la anterior administración para autorizar la operación de esas casas de juego, hecho en que se ha involucrado a ex funcionarios y actuales legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
A propuesta del coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y con el apoyo del resto de las fuerzas parlamentarias, el Congreso determinó por unanimidad, pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.
De igual modo, diputados y senadores llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a acelerar el análisis de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados contra los cambios al reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, hechos al final de la pasada administración y que pretendían autorizar las máquinas tragamonedas.
También acordaron pedir al ministro de la Corte, Alberto Gelasio Pérez Dayan, que no participe en la resolución de la controversia, al haber otorgado, en días previos a su incorporación al Alto Tribunal, amparos y resolutivos relacionados con casas de juego y apuestas, lo que representa un conflicto de intereses.
En medio de las acusaciones contra legisladores de Acción Nacional como el senador Roberto Gil y el diputado federal Ricardo Villarreal García, la asamblea aprobó crear una comisión plural y bicameral investigadora del caso, que de seguimiento y colabore con las indagatorias sobre la entrega de permisos para operar casinos, hecha en los últimos días del gobierno de Felipe Calderón.
A propuesta de uno de los señalados, el senador Gil Zuarth, se pidió a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que suspenda por completo la vigencia del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, hasta que el Congreso investigue y decida qué reformas se aplicarán a dicha normatividad.
Ante la moción de los priistas para echar atrás ese punto, con el argumento de que se podría generar un vacío legal igual o más dañino que la entrega de permisos de manera irregular, el senador Gil aceptó acotar la propuesta y emplazar a Gobernación que suspenda el reglamento, pero en caso de ser necesario, aplique estrictamente lo que marca la Ley de Juegos.
En el texto original del punto de acuerdo, Monreal Ávila ya había propuesto que Gobernación declarara inaplicable el reglamento señalado.
En ese marco, Gil Zuarth, cuyo nombre salió a la luz como presunto involucrado en la recepción de sobornos para promover un casino, entregó por propia mano al Presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, una carta en la que autoriza el acceso libre a sus cuentas bancarias, para que el Congreso y la comisión investigadora que se instalará, las revisen sin tener como límite el secretario bancario, fiduciario y financiero.
Tras recibir una tímida muestra de apoyo con escasos aplausos de sus compañeros de bancada, en defensa propia y desde la tribuna de la Permanente, el panista llamó a quienes lo acusan a que presenten pruebas contundentes en su contra.
Garantizó que no se “escudará” detrás del fuero del que gozan los legisladores, en caso de que la autoridad judicial lo requiera para enfrentar los señalamientos hacia su persona.
La única manera para que la verdad salga a flote, alertó, es una investigación clara y abierta sobre las imputaciones que él mismo, aseguró, ya denunció penalmente.
Pidió indagar no solo los supuestos permisos de último momento, sino toda la situación de las casas de apuestas y la validez jurídica de todos y cada uno de los permisos de casinos, con el fin de saber quiénes son los propietarios, cómo obtuvieron sus autorizaciones, quiénes se las entregaron y qué redes de corrupción e influencias hay detrás.
En el debate, Monreal Ávila señaló que la información periodística reciente, da cuenta de una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación.
Remarcó que las fuertes acusaciones ventiladas en los medios masivos de comunicación, en que se involucra a ex funcionarios del gobierno de Calderón Hinojosa, incluyendo actuales diputados y senadores, merecen una investigación a fondo.
Advirtió que si las imputaciones llegaran a comprobarse, el Congreso no puede ser cómplice.
Calificó como una “ruleta de corrupción, oprobio e impunidad” el caso de los casineros y sus ligas con panistas y tras reconocer la voluntad de uno de los aludidos para someterse a una investigación, dijo que lo más adecuado es no prejuzgar a nadie y esperar que las investigaciones avancen.
La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, calificó como “temerarias” las aseveraciones del ex Subsecretario de Gobernación, Obdulio Ávila, que desmintió que se haya entregado casi un ciento de licencias para casas de juego en los últimos minutos del gobierno de Calderón Hinojosa, al afirmar que la operación se habría llevado a cabo en agosto del 2012.
El perredista Luis Espinosa Cházaro, catalogó como muy preocupante la existencia de “un hoyo negro” legal en torno a los casinos, que ya le dejaron al país los más de 50 muertos en el Casino Royale, en Monterrey.
El legislador también señaló que Gobernación debería revisara todos y cada uno de los casinos del país, a fin de que se clausure a los que funcionen con permisos ilegales.
El panista José María Martínez Martínez enfatizó que las indagatorias deben llegar no solo a los estados, sino a los municipios, que finalmente lidian con la instalación de las casas de apuestas.
El senador panista Francisco Domínguez Servién, ex presidente municipal de Querétaro del 2009 al 2012, celebró que en sus declaraciones, la señora Talía Vázquez Alatorre haya confirmado que entre los únicos que se negaron a autorizar instalación de casinos pese a la presión con sobornos, fue “el alcalde” de dicha ciudad.
Al sentirse aludido, el senador Domínguez aprovechó para aclarar que a él nadie le pidió ni le ofreció dinero a cambio de autorizar un Casino Royale en Querétaro.
También apoyó la moción de que se revise municipio por municipio para verificar qué establecimientos están en regla, porque los empresarios suelen aprovechar la ignorancia de los munícipes, para solicitar aval a la apertura de restaurantes con máquinas de monedas, cuando en realidad instalan casinos completos.
En vista del respaldo a su moción, Monreal reconoció la voluntad política en el Congreso de “tomar al toro por los cuernos” y propiciar la investigación que permita deslindar responsabilidades. Y en caso de que algún servidor público o legislador merezca sanción, que se le carguen las acusaciones penales, civiles o administrativas que haya a lugar, apuntó.
Tras celebrar que se haya añadido a su punto de acuerdo el tema de revisar si en los municipios opera la corrupción para favorecer a casineros, a fin de conocer la dimensión del problema, Monreal Ávila recalcó que el país no se merece a estar “en ruleta de tráfico de influencias”. ys/m.