En el marco de la discusión de la minuta del Senado sobre la Ley de Amparo, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Justicia reconocieron que hay intenso cabildeo y presión de la iniciativa privada y sus cabilderos, para lograr que sus intereses no se vean afectados con los cambios a dicha normatividad.
Ante la disyuntiva de autorizar o no suspensiones temporales en juicios de amparo en materia de concesiones del Estado y explotación de bienes públicos, como energéticos, telecomunicaciones e instituciones financieras, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT), indicaron que los entes cuyos intereses particulares podrían trastocarse, se han acercado a ellos para fijar postura.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, señaló que la reunión de la comisión que se llevó a cabo la noche del pasado martes 5 de febrero, estuvo marcada por la presencia de los representantes de sectores económicos que temen por sus intereses. Y el acercamiento insistente de empresas a legisladores dejó en claro, apuntó, el gran interés de la iniciativa privada en preservar sus intereses.
La presión fue tal, dijo Aguilar Gil, que lograron que el Partido Acción Nacional (PAN) presentara un par de reservas al artículo 129, para defender la seguridad jurídica de sus negocios o actividades.
Por su parte, el diputado del albiazul, Arturo Salinas, dijo que a su bancada se han acercado abiertamente miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se oponen a los ajustes; sin embargo, descartó presiones al aseverar que se trata del cabildeo normal que se suele presentar en el Legislativo.
Tras considerar que la alerta e la cúpula empresarial sobre la restricción de las suspensiones temporales en juicios de amparo es “atendible”, porque las modificaciones pondrían en entredicho la “certeza jurídica” de su actividad e incluso, desincentivar inversiones, Salinas dijo que el diálogo se mantiene con las otras bancadas para que se acepten las reservas del blanquiazul, en las que no se piensa dar marcha atrás, acotó.
Por su parte, la legisladora del PT indicó que en medio de la intención de modernizar la Ley de Amparo, los legisladores están cayendo en inconsistencias, como la “suplencia de la prueba” y la “suplencia del procedimiento”, lo que a su consideración, representa que se “borre” todo un proceso para dar paso a un nuevo juicio.
No obstante, dijo que el tema más “grave” recae en los cambios al artículo 129, relativo al artículo 27 de la Constitución, y los recurso propiedad exclusiva de la nación como energéticos, telecomunicaciones, el espacio radioeléctrico, electricidad, minas y demás bienes públicos.
Aguilar agregó que la discusión se centra en ese artículo, donde el PAN ha propuesto restringir las suspensiones de los actos reclamados en juicios de amparo, para casos de casinos, instituciones financieras y concesionarios de bienes de la nación, con el argumento de que impedir actos de gobierno en esas materias, provocaría afectaciones generalizadas y en algunos casos irreparables, en perjuicio de la población.
Pero para la izquierda, apuntó, la minuta debería quedar tal y como está, excepto el último párrafo, a fin de que quede a consideración del juez otorgar suspensiones en temas neurálgicos como el energético.
El hecho de que no se pueda suspender un acto de autoridad reclamado, consideró, permitiría a los concesionarios de recursos energéticos y telecomunicaciones, seguir explotando dichos recursos, aunque el Estado indique lo contrario, lo que impediría al país mantener el control de sus propios bienes.
En el caso de las telecomunicaciones, la legisladora de izquierda indicó que los empresarios podrían ampararse contra el otorgamiento de concesiones a otros competidores, como los interesados en nuevas cadenas de televisión o empresas telefónicas.
Finalmente, el coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal aclaró que los diputados de izquierda que durante el trabajo en comisiones reclamaron no conocer el documento, están en ese problema porque no quisieron leer la minuta que lleva más de un año en San Lázaro.
Asimismo, el líder de los priistas, Manlio Fabio Beltrones, señaló que el dictamen podrá discutirse en el pleno este jueves 7 de febrero o bien, la próxima semana. “Con lo cual le daremos a México una nueva Ley de Amparo, ordena, como lo que dispusimos en el momento en que hicimos la reforma constitucional”, señaló. ys/m.