El vicecoordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, resaltó que en breve se tendrá que concretar la Ley Reglamentaria a la Reforma Constitucional en materia educativa, compromiso signado en el Pacto por México.
En un comunicado, el diputado federal abundó que los legisladores tienen seis meses, a partir de la aprobación a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, para expedir esa ley, como está estipulado en la propia reforma educativa.
“El Congreso tiene seis meses para expedir las normas reglamentarias, en tanto que el Ejecutivo Federal cuenta con un plazo de 180 días naturales para instrumentar las medidas que establecen las reformas”, explicó.
El legislador perredista llamó para organizar los mecanismos y espacios necesarios para definir el contenido de las leyes reglamentarias, de manera que se cumpla con lo que establecen las reformas y en el tiempo determinado.
El diputado federal aclaró que las reformas no están dedicadas a nadie en particular, sino que pretenden fortalecer la escuela pública para que los planteles tengan mejores condiciones de trabajo.
Precisó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) reafirma con esas reformas y otras que impulsará sobre el sector, “su lucha por una educación de calidad, justa y equitativa”.
Destacó que las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales buscan fortalecer la calidad educativa del país, no son una reforma educativa, ese es un tema pendiente que requiere una amplia discusión.
Recordó que en el proceso de análisis de las reformas, los legisladores de su partido defendieron los derechos de los docentes, y que los diputados perredistas fueron los principales interesados en que se incluyera el tema de la evaluación.
Refirió que su bancada impulsó el texto que establece que “la legislación secundaria determinará criterio, términos y condiciones de evaluación obligatoria para ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
Expuso que la reforma aprobada en materia educativa tiene cinco ejes con los que se pretende mejorar la calidad educativa, mediante la creación del Servicio Profesional Docente y la ampliación de las atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Además, la organización del Sistema de Información y Gestión Educativa; el fortalecimiento de la autonomía de las escuelas, el establecimiento del tiempo completo en los planteles y la prohibición del consumo de alimentos chatarra en los mismos, agregó.