Enrique Galván Ochoa, colaborador: Mucho se juega, efectivamente, en la nueva Ley de Amparo.

A finales de sexenio la Secretaría de Economía trató de forzar a la automotriz Toyota para que duplicara su producción, es de 50 mil vehículos al año, la debería aumentar a cien mil que aumentará su inversión en México, si quería seguir aprovechando las ventajas que ofrece el gobierno a las empresas del ramo. Toyota recurrió al amparo, lo ganó, obtuvo una suspensión definitiva y el propósito del Gobierno, que era bueno, se frustró.

Casos más o menos semejantes se presentan con frecuencia por medio del amparo y la suspensión y las empresas consiguen detener proyectos regulatorios del gobierno.

Fue así que los partidos firmantes del Pacto por México, este mapa rector de los planes del nuevo gobierno, introdujo entre sus compromisos impulsar reformas a la Ley de Amparo, de tal manera que se limite el esquema de la suspensión.

Según esto es un recurso que fortalece a los llamados poderes fácticos, hoy se discutirán y eventualmente se votarán en el pleno de la Cámara de Diputados.

Algunos organismos empresariales no están de acuerdo con su contenido, ven alarmas, su cabildeo en la Cámara ha sido muy activo, los grupos parlamentarios están divididos porque… y ésta fue una de las fallas de origen del Pacto por México: no todos los legisladores del PAN ni el PRD apoyan, sin reservas, lo que firmaron sus dirigentes.

Dicen las organizaciones empresariales que el impacto que produciría, desaparecer la figura de la suspensión en la Ley de Amparo, sería muy grave en sectores como el autotransporte, el financiero, el de telecomunicaciones, la televisión y la minería, entre otros.

Hay una posición intermedia de medio camino. Dice el director del centro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; el director de la Oficina México para América Latina, José Antonio Arvadín, dice que debe guardarse un sano equilibrio que respete el derecho de los particulares a apelar actos de autoridad, pero sin otorgar suspensiones judiciales que retrasen la acciones regulatorias.
Nadie discute, dice, el derecho de apelar las decisiones del gobierno, eso debe de existir siempre, pero es importante que haya un balance.

Así están las cosas en este asunto tan sensible, chocan los intereses de grandes empresas con los propósitos del Pacto por México y salta a la vista que lo firmado por los dirigentes de los partidos, el PAN y el PRD, no necesariamente representan los intereses de todos los diputados.

Carmen Aristegui, conductora: Ayer que Gutiérrez Candiani daba su conferencia de prensa acerca de la Ley de Amparo sí reconocía, sí decía que no se puede desconocer que en este tema de la suspensión, que si bien es cierto se declararía un acto arbitrario si es que la Ley de Amparo la retira, es cierto -dice- que habido abusos pero que los abusos no pueden corregirse suprimiendo los derechos que ya se tienen.

Bueno, vaya discusión la que viene en las próximas horas. Duración 4’15’’, nbsg/m.