José Arturo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de Diputados, dio a conocer que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) están incluyendo una nueva redacción en la minuta de la nueva Ley de Amparo, que ya fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia, para evitar que los casinos puedan operar bajo el amparo.

Y es que de acuerdo con el diputado panista, muchos de ellos operan fuera de la ley, e incluso, es un asunto que también se da en materia de concesiones.

Pues hay muchos concesionarios a los cuales ya se les venció su término, y además de ello, no han cubierto los requisitos para su renovación y por lo tanto, recurren al amparo, lo que puede llegarse a interpretar como un abuso.

Precisó el panista en entrevista con Oscar Mario Beteta, que al presentar dichas reservas, lo que se busca dejar en claro son dos supuestos.

El primero consiste en que el acto de autoridad, para que no sea arbitrario, pueda especificar claramente que se está llevando por proteger el interés general y el segundo, es que en ningún caso, aquellos titulares de concesiones o derechos que estén vencidos, que no tengan una autorización federal marcado procedan a una suspensión.

Asimismo, agregó que otros dos puntos que están dejando fuera en su redacción, es que en el caso de las entidades federativas, se propone que si la autoridad va a intervenir o revocar una autorización, lo haga siempre en beneficio del público ahorrador.

Y el último, es el que el amparo con esta nueva ley, va a tener efectos universales, es decir, si se declara inconstitucional una ley o un artículo, beneficiará a todos los ciudadanos del país.

"Pero nos encontramos con un detalle con excepción de la materia fiscal y eso es algo que nos parece muy grave, las micro, pequeñas y medianas empresas del país, los ciudadanos que pagamos impuesto y que no tenemos como contratar a un abogado, también tenemos que beneficiarnos si una ley fiscal se declara inconstitucional o un artículo", refirió.

José Arturo Salinas Garza, también destacó que la nueva Ley de Amparo es una obligación derivada de la reforma constitucional de 2011.

E incluso, agregó que en la minuta actual se prevé que el acto de autoridad no puede ser suspendido por el juzgador, es decir, que el acto se tendría que seguir llevando a cabo en perjuicio de un particular o de un titular de un derecho público.

Lo cual consideró como grave, ya que el Estado si bien es la figura rectora sobre todo en los bienes del dominio director de la nación, también es cierto que los particulares tienen derechos y garantías a un debido proceso.

Por lo tanto, "no podemos tampoco convertir al Estado en algo arbitrario, en alguien que sin fundar y motivar adecuadamente, pueda llevar a cabo actos en perjuicio de particulares".

Es por lo anterior, que el PAN busca que los actos de autoridad específicamente aquellos que van en contra de entidades financieras y concesionarios que vienen del dominio directo, y que están en el artículo 27 de la Constitución, reciban un trato en el cual se garantice su debido proceso.

Es decir, "que si la autoridad por alguna circunstancia tiene que intervenir o revocar una concesión, pues tiene que asumir un acto de autoridad fundado y motivado y sobre todo, muy importante, justificar el interés general, -puesto- que si no hay justificación del interés general, este acto que se está llevando para beneficio de la colectividad, se convierte en un acto entre la autoridad y el particular y en ese caso, debe proceder la suspensión". /gh/m