Con la finalidad de hacer del conocimiento de los legisladores que integran la LXII Legislatura del Congreso de la Unión la necesidad de que la nueva Ley de Amparo "tenga en cuenta los puntos resolutivos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tres sentencias condenatorias relativas a México", este martes el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), envió al diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una misiva en la que se manifiesta lo antes señalado.

A través de un comunicado, se dio a conocer que en el citado documento, la organización internacional menciona que en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo indígena Me’phaa agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en 2002, y en el caso de los Campesinos ecologistas, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, quienes fueron torturados por miembros del Ejército Mexicano en 1999 por defender los bosques de la Sierra de Guerrero, "la Corte Interamericana determinó que las víctimas no habían tenido acceso a un recurso judicial efectivo, debido a que el sistema del juicio de amparo no les permitió impugnar la declinación de competencia de la averiguación previa al fuero militar."

Asimismo, en la carta el CEJIL refiere que en los tres casos, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano "adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia".

A este respecto, el Tribunal Interamericano determinó que el sistema mexicano de amparo, al no proveer la posibilidad a la víctima u ofendido de un delito de impugnar la competencia del órgano en que se investiga o juzga el delito, violenta normas obligatorias para el país bajo el derecho internacional de los derechos humanos y, en consecuencia, estableció que México debía modificar el marco legal correspondiente.

Por tal motivo y ante esta situación, CEJIL, organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, llama a las legisladoras y legisladores a "utilizar este momento histórico de discusión de una nueva Ley de Amparo para honrar los compromisos internacionales del Estado mexicano y dar puntual cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias citadas". /gh/m