Carmen Aristegui (CA), conductora: En la línea telefónica Miguel Carbonell, experto jurídico en materia jurídica, investigador de Jurídicas de la UNAM y constitucionalista.

Todo mundo coincide en que estamos frente a un asunto grande, el de la Ley de Amparo.

Ya que eres experto y que de vez en vez das clase, ¿podrías hacer una especie de ABC, un esfuerzo didáctico para saber de qué está hecho lo que ayer se aprobó y qué implicaciones tendrá, si es que finalmente el Senado termina de aprobar esto?

Miguel Carbonell (MC), investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: Sí, con mucho gusto, Carmen. En realidad, es una nueva Ley de Amparo, es una ley completamente nueva que proviene, se origina en una reforma constitucional aprobada en el 2011 y que supone un avance bastante importante.

¿En qué sentido? En el sentido de que ahora se van a proteger, por ejemplo, los llamados derechos difusos o colectivos que son derechos de consumidores, derechos vinculados con medio ambiente, derechos vinculados con desarrollo urbano o con patrimonio histórico y artístico.

Se le da efectos generales a las sentencias de amparo emitidas por la Suprema Corte, de tal suerte que si la corte dice que una ley es inconstitucional, en efecto va a ser para todos, se hayan o no amparado, y esto es algo muy bueno en términos de igualdad ante la ley.

CA: Importantísimo.

MG: Es muy importante, en efecto. Para evitar, por ejemplo, casos como la ley del ISSSTE, en donde se tuvieron que promover 150 mil amparos que simplemente no se otorgaron, pero se llevaron a cabo 40 millones de fotocopias se sacaron, en fin.

Cosas que verdaderamente ya no estaban acorde con el siglo XXI, porque la ley anterior es de 1936, entonces estamos dando un paso adelante de ocho décadas prácticamente y vamos a tener un amparo mucho más moderno, en donde también se van a poder hacer valer, por cierto, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, se va a poder promover amparo no nada más por lo que hagan las autoridades, por los actos de autoridad, sino también por las omisiones, es decir, por lo que dejen de hacer pese a que la ley se los ordene.
Entonces, yo estimo que sí estamos de lleno frente a una ley muy importante, porque es el instrumento básico de defensa de nuestros derechos; y dos, frente a una ley, sin duda, mucho más moderna en relación a lo que teníamos. Es un avance importante.
CA: Lo que ha causado, Miguel Carbonell, una controversia con los empresarios, en particular, tiene que ver con el anuncio de la suspensión. Un recurso al que han tenido acceso los que se defienden, digamos, de la acción de la autoridad y que en lo que se resuelve el amparo, se suspende la acción de la autoridad y pueden continuar, bueno, o negocios o concesiones o cuestiones que están relacionadas, precisamente, con la actuación del Estado.
Ese es un tema muy importante que, como decíamos, ha llevado a que empresarios, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial, se pronuncien en contra de eso, hablan de que es una arbitrariedad, reconocen que, efectivamente, se ha abusado, los usos y abusos de la Ley de Amparo en este caso quedan perfectamente claros, empresarios que pueden dejar en litigios eternos la acción de la autoridad, bueno, sin un efecto práctico directo, porque hay una suspensión que impide que la acción de la autoridad se realice a cabalidad.
Aquí tenemos un tema de enorme importancia, porque hay quien dice que afecta las garantías y los derechos de quienes desarrollan cierto tipo de actividades, fundamentalmente concesionarios, y lo que sería la necesidad de resolver lo que entrampa también la acción de la autoridad por la suspensión que se otorga de inmediato prácticamente con la Ley de Amparo vigente.
Ese es un tema de la mayor importancia en este momento.

MC: Sí, es un tema que ha dado lugar a un mayor debate, es una reforma particularmente al artículo 129 fracción XI y XIII del proyecto, y en realidad yo creo que aquí hay alguna confusión, porque en efecto, por una parte, se ha abusado, hay litigios en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en donde las empresas concesionarias se han atrincherado para evitar la competencia, particularmente casos muy sonados de Telmex contra Cofetel, por ejemplo, en donde verdaderamente a través de una serie de lo que los abogados llamamos "las chicanas", la posposición de los actos procesales, la interposición de recursos para que no avancen los juicios, pues se ha venido impidiendo, por ejemplo, reducir tarifas para interconexión o, en general, permitir mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, y esto, bueno, lo que está planteando el proyecto es simplemente que ya no haya la suspensión en este caso.

Ahora esto no quiere decir, en esto sí conviene poner el acento, subrayarlo, que se deje en estado de indefensión a los titulares de las concesiones, es simplemente que se cambia la forma de litigio para que no se privilegie a aquellos despachos de abogados que usan la táctica, no tanto de ir a ganar el amparo porque saben que lo van a perder a la larga, sino de lograr el auto de suspensión para alargar el juicio.
Y esto, se proyecta no nada más a los casos de telecomunicaciones, sino también a los giros negros, a los taxis piratas, a una serie de cuestiones que saben que van a perder el amparo, pero le apuestan a obtener la suspensión del acto reclamado y de esa forma, que siga operando en establecimiento mercantil irregular o se siga operando una línea de transportes, sea de microbuses, sea de taxis, que no tienen en regla sus papeles, pero que través de estas suspensiones obtienen la posibilidad de que la autoridad no se meta con ellos.
Y esto todos los días, multiplicado por cien mil en toda la República, desde los "autos chocolates" que entran ilegalmente por la frontera norte, hasta las pequeñas fondas o misceláneas de la esquina que operan como les da la gana. Y en este sentido...
CA: O las grandes concesiones.

MC: Sí, o las grandes concesiones, como te decía en el caso de Telmex, que ha estado promoviendo amparos y amparos y amparos y amparos contra Cofetel y que realmente tienen a la autoridad contra la pared, porque se entrampa todo, se llevan litigios durante años y años.
Mira, te lo digo en pocas palabras. Los abogados tenemos muchas posibilidades de cuando queremos alargar un juicio, alargarlo. Entonces, si uno tiene la suspensión del acto reclamado y no tiene prisa en resolver algo, pues se la puede llevar ahí varios años, ¿verdad? Y contra esto es contra lo que está reaccionando creo yo que de forma adecuada la Ley de Amparo y poniendo el equilibrio entre la autoridad y los poderes fácticos, que me parece imprescindible en el momento que está viviendo este país.
CA: Poderes fácticos. Bueno, esa palabra que está ahí en la primera página del famoso Pacto por México. El Estado debe controlar, desde estar por encima de los poderes fácticos en pocas palabras. ¿Esa es una de las herramientas para eso?
MC: Sin duda, sin duda, sin duda. Y yo creo que, por ejemplo, en sectores estratégicos, vinculados con el uso de bienes del Estado, debe de haber esta rectoría del Estado. Ahora, esto no significa, porque se ha tergiversado un poquito el debate, que se deje en estado de indefensión o que ya no se pueda promover (inaudible). No es cierto.
El amparo, es para todos y quien gane un amparo va a estar protegido de los actos de autoridad que violen sus derechos. Lo que cambia, es simplemente la forma de litigar, lo que cambia es que de inicio del juez no pueda emitir en ciertos temas muy sensibles a un auto de suspensión, sino que simplemente lleva el juicio mientras el acto de autoridad subsiste. Por ejemplo, en cuanto a la banca, por ejemplo en cuanto a las determinaciones de Cofetel, como el mencionado, etcétera, etcétera.
Pero eso no significa que ahora ya la autoridad pueda hacer lo que quiera con los bancos o lo que quiera con la telefonía o con la radio y la televisión. Esto es completamente falso, esto no es así, o con las aerolíneas, por ejemplo, como se había dicho, sino que simplemente lo que cambia la forma de litigar, no va a haber suspensión y entonces, se van a tener que esperar a la sentencia, que normalmente también hay que decirlo, cuando no hay "chicanas" y cuando no hay posposición indebida promovida por los abogados, los jueces federales están resolviendo con celeridad.
Los jueces administrativos están durando a veces no más de seis meses, cuando el litigio es normal, digamos.
CA: En este caso, cambian los incentivos para los abogados, entonces. Hay que acelerar que se resuelva el juicio.
MC: Precisamente.

CA: En lugar de posponerlo.

MC: Entonces va a estar en el interés de todos que el litigio transcurra con toda normalidad, que se destinen las pruebas lo antes posible, que se lleven a cabo las audiencias, y no como ahora, que te digo, hay dentro de la ley, ni siquiera violando la ley ni nada, sino dentro de las (inaudible) la ley, hay mil formas de alargar un juicio, hay muchísimas posibilidades de que los despachos de abogados pospongan y posponga las audiencias, ofrezcan pruebas que son difíciles de desahogar o llamen a testigos que son difíciles de localizar y el asunto se prolonga y se prolonga.
Entonces, en ciertos sectores esto tiene una repercusión económica brutal. Insisto, en el caso de la telefonía, de forma muy significativa.
CA: Ahora, dirán los empresarios y concesionarios: "Bueno, y cómo van a suceder las cosas", si esto termina de aprobarse, porque tiene que pasar por el Senado nuevamente, ¿no?, este tema de que ahora veremos qué hace el Senado. Supongamos que la autoridad determina que le retire la concesión a una minera o a una televisora o a un lo que sea, cuya actividad, digamos, es una actividad que si se suspende, después, si gana el amparo el concesionario, se suspende, supongo, la concesión, se le retira la concesión como acto de autoridad, se echa a andar el amparo seguramente promovido por el concesionario, y cuando determinen si tiene razón o no el concesionario, es que la autoridad ratifica su acción o el empresario gana.
Si ocurre lo segundo, entonces se restituye, digamos, esa concesión, pero la pregunta es: ¿qué sucede en el inter, qué sucede en esos seis meses o un año, o dos meses o lo que tarden en resolver el amparo mismo?
MC: No, efectivamente, se tiene que llevar a cabo el juicio, el acto de autoridad subsiste y ahí, en todo caso, lo que vamos a ver son juicios, yo estimo, que muy muy rápidos, estamos hablando de algunas semanas o meses, y si se produjo un acto ilegal o violador de derechos, el Estado va a tener que asumir el pago de daños y perjuicios.
En ese sentido, los titulares de las concesiones creo que pueden estar hasta cierto punto tranquilos, porque tampoco es que se vaya a desatar una "cacería de brujas" o a permitir el autoritarismo, tendrán que responder los funcionarios.
Y por otro lado, hay que distinguir también entre cuando se emite una acto (inaudible) y cuando se ejecuta. Como el amparo se puede promover desde el momento en el que se emita el acto de autoridad, aunque no esté ejecutado, a partir de ahí ya se pueden promover los amparos y todo esto si lleva celeridad no causará, estimo yo, mayores perjuicios, desde mi punto de vista.
Y lo que estamos viendo, sin embargo, el gran avance, desde mi punto de vista, es que se va a terminar con prácticas pues poco éticas, digamos, o poco claras, en donde realmente lo que ya hemos visto, porque eso ya lo hemos visto, es un abuso del amparo y unas autoridades verdaderamente domesticadas o de rodillas frente a los poderes fácticos y yo creo que esto es algo en lo que sí vamos a avanzar como país en las reformas estructurales, pues es algo que hay que atender y la Ley de Amparo te está dando cuenta de eso, es eso, no más y no menos.
CA: De enorme importancia, como se puede apreciar. Por cierto que ésta es una reforma que no es de ayer, llevamos oyendo hablar de la reforma, de una reforma a la Ley de Amparo o una nueva Ley de Amparo en términos estrictos, desde el año 2000.
Se recuerda claramente lo que la propia Suprema Corte de Justicia ha promovido en su momento, una propuesta que presentó el equipo del ministro Juan Silva Meza en aquellos años, y a lo largo de todo este tiempo se ha hablado mucho y la corte ha sido muy insistente en que es necesario una nueva Ley de Amparo, y ahora con mayor razón, en función de una reforma constitucional como la que tiene México que es ésta de los derechos humanos, uno de los mensajes más recientes del presidente de la corte hablaba, precisamente, de la necesidad de sintonizar, digámoslo así, de empatar una Ley de Amparo que esté, evidentemente, en congruencia con lo que va a ser, con lo es ya un desafío para el sistema jurídico mexicano que es la reforma constitucional en derechos humanos.
MC: En eso estamos todos de acuerdo, porque la ley vigente es de 1936, fue pensada para otro México, para otro país, luego fue objeto de reformas naturalmente, pero medularmente viene desde hace prácticamente 80 años y sí estamos todos de acuerdo y desde de la UNAM lo habíamos también reclamado y exigido, que ya se aprobara esta Ley de Amparo, en donde, por cierto, también se dieron, a solicitud del grupo parlamentario del PAN, la idea de que no haya suspensión del acto reclamado cuando los actos de autoridad afecten a los casinos, por ejemplo, porque hoy tenemos a prácticamente cien casinos operando en territorio nacional con suspensiones de actos y en donde no queda claro cuál es el título para operar, en donde no siempre se satisfacen los requisitos de protección civil, por ejemplo, de salidas de emergencia, de cuestiones que tenderían a evitar tragedias, en la medida de lo posible, como algunos incendios que ha habido, etcétera.
En este sentido, pues también el grupo parlamentario del PAN estimó que también en materia de casinos no operara esta suspensión y yo creo que es algo, por supuesto, interesante también que estará a consideración del Senado.
CA: Entonces ¿el tema de la suspensión no es para todos?

MC: Exactamente.

CA: Perdón, ¿el tema de retirar la suspensión como figura es para los concesionarios, en general, y para los casinos incluyéndolos como concesionarios, bueno, de permisos o como se les denomine?
MC: Es correcto, es para quien opera con un título de concesión, quien explota bienes que son propiedad de la nación definidos por el artículo 27 de la propia Constitución como telecomunicaciones, como banca, por ejemplo, como minería que explota el subsuelo y casinos por esta solicitud que hizo el PAN, precisamente.
CA: Televisoras, radiodifusoras, mineras, aerolíneas, todos los que estén detentando concesiones del Estado, son las que estarían en esta figura de una suspensión que se elimina, y que veremos qué decide el Senado de la República.
No es cualquier cosa el comunicado que leímos más temprano de la CIRT, ya sabemos que hay, como bien lo dices, usos y abusos de la Ley de Amparo en México, en el sector telecomunicaciones, ahí se llevan las palmas, ¿no? Creo que hay un músculo muy desarrollado para reaccionar frente a acciones de autoridad en esta materia.
Y la CIRT se pronuncia sobre el tema. Me llama la atención la manera en que frasea la Cámara de Radio y Televisión el asunto, porque dice que van a analizar, que han acordado analizar "con serenidad y con profundidad" la Ley de Amparo aprobada en lo general y en lo particular, y que la cámara hará una defensa proactiva de sus legítimos intereses, pero lo haremos por los cauces indicados, sin confrontarnos con la autoridad.
¿Qué pasa por tu cabeza cuando oímos a la industria de radio y televisión hablar de que habrá una defensa proactiva? Claro, desde los puntos de vista institucionales y legales. ¿Qué podría hacer esta industria y otros que se sienten afectados por lo que está en curso en el Congreso mexicano?
MC: Yo creo que hay dos aspectos ahí qué señalar. En el debate la Cámara de Diputados, vimos ya alguna expresión muy clara de esta defensa proactiva, por ejemplo, de un diputado del Partido Verde, que era el gran asesor jurídico de Televisa, por ejemplo, de alguna persona vinculada con TV Azteca que también encabezaron estos actos por detener la reforma al artículo 129 del proyecto Ley de Amparo en materia de suspensión, y yo creo que está vinculado con el comunicado de la propia cámara. Yo creo que están en su derecho de explotar lo que quieran.
CA: Tienen una "telebancada", como se sabe.

MC: Tienen una "telebancada". Son integrantes de la "telebancada", a ellos me refiero precisamente, y estuvieron dando argumentos para defensa de intereses particulares, que todos sabemos cuáles son, etcétera. Y yo creo que en general, lo que la Ley de Amparo está intentando reaccionar, es frente este tipo de usos y abusos del amparo, que el propio Consejo Coordinador Empresarial aceptó que existen, ¿eh? Los propios empresarios han dicho...
CA: Sí, dijo Gutiérrez Candiani: "Aceptamos que sí se nos ha pasado la mano".

MC: Así es. Eso está públicamente reconocido y yo que tiene toda la razón. Y en este sentido, hay que recordar a todos los que nos están escuchando, que el amparo ha servido como un muro, como un escudo para impedir la competencia, y esto me parece que el momento que está viviendo este país, en un momento donde aparentemente vienen reformas estructurales para (inaudible) la economía mexicana no se puede permitir, es decir, no se puede permitir que con tácticas leguleyas, que con tácticas de chicana, que con uso de recursos jurídicos para alargar los juicios, se esté impidiendo la competencia; porque como ha demostrado, por ejemplo, la OCDE en un sinnúmero de documentos, esto nos cuesta miles de millones de pesos a los mexicanos, a los consumidores mexicanos. Y yo creo que simplemente lo que está la Ley de Amparo es atendiendo a eso.
Ahora, esto no significa, sin embargo, y vale la pena subrayarlo, que si se da un abuso de autoridad, no se pueda obtener el amparo, porque hay quien ha dicho: "Entonces ya no se les va a dar el amparo". No. Lo que no se les va a dar es la suspensión, es diferente, pero si ganan el amparo, porque se cometió un atropello a sus derechos, naturalmente la autoridad va a tener que resarcir los daños y perjuicios que se hallan en su caso causado.
CA: Déjame "lanzar ese trompo a la uña" como dicen los clásicos. ¿Qué imaginas que pueda ocurrir si empresarios o concesionarios, alguien decide recurrir al amparo, incluyendo la suspensión, para ampararse de la Ley de Amparo?
MC: Ya hay un antecedente de la corte donde se aceptan este tipo de revisiones. Yo creo que sería muy bueno que se plantea de que la corte se pronuncie sobre si estuvo bien interpretada la Constitución cuando señala que debe haber un equilibrio para otorgar la suspensión entre "la apariencia del buen Derecho", dice la Constitución y el interés social.
Entonces, si se decide por parte de algún concesionario o por parte de una empresa minera o bancaria o una aerolínea promover un recurso, pues bienvenido, están en todo su derecho de promover cuantos debates haya en cuantos foros sea posible, incluyendo el uso de recursos jurídicos. Y bienvenido, y si hay alguna bancada que reúna los votos suficientes para promover una acción de inconstitucionalidad, bienvenida, la corte se tendrá que pronunciar y así se va construyendo el Estado de derecho.
Yo en eso no tengo ninguna duda de que quien se sienta afectado por las razones que tiene, pues tenga la puerta abierta a un tribunal para que se le escuche y el tribunal decida, esto forma parte de la lógica democrática que debemos de preservar.
Yo sí te digo que, desde mi propia lectura como especialista en derecho constitucional, yo no veo ninguna fisura en este sentido de la Ley de Amparo, yo no vería ningún sesgo autoritario que vulnere la Constitución o tratados internacionales, pero, bueno, si alguien interpreta de otra manera las cosas, pues está muy en su derecho de promover lo que considere.
CA: Pues veremos si esto ocurre, no sería extrañarse que una cosa así sucediera. Para que alguien dé el paso y diga: "Bueno, voy a buscar el amparo contra esta Ley de Amparo", ¿tendría que terminarse de legislar en el Senado?
MC: Sí, esto es indispensable. De hecho, vale la pena subrayar, porque a veces se ha omitido este dato, el proyecto ya estaba aprobado por el Senado; de hecho, viene del propio Senado y fue impulsado en su momento por Manlio Fabio Beltrones cuando era senador, que también fue el autor de la reforma constitucional.
Y ahora regresa nada más por un detalle que es éste que te comento de los casinos, porque eso sí no venía en el proyecto original del Senado y además la Cámara de Diputados hizo algunas reformas estilísticas, de redacción de palabras, y es por eso que regresa, pero en realidad el Senado ya estaba de acuerdo en el 99 por ciento de lo que ahora va volver a conocer.
De tal suerte que yo estimo que esto debería de ser un trámite prácticamente formal y que una vez que se apruebe por el Senado y se publique, pues a partir de ahí ya corre el plazo para interponer los recursos que los afectados estimen que deben de ser presentados.
CA: ¿En el procedimiento legislativo cabría -más allá de lo que crees que va a ocurrir- cabría la posibilidad de que modifiquen partes sustantivas de esta Ley de Amparo ayer aprobada en lo general?
MC: Bueno, si solamente...

CA: ¿Podría ser?

MC: O sea, yo creo que va haber cabildeo.

CA: Bueno, ya lo anunciaron.

MC: Exactamente. Vamos a ver si este cabildeo surte efectos o no, vamos a ver si otra vez doblan a los legisladores los poderes fácticos o no, insisto, yo estimo que esta ley es muy buena, es una ley que México necesita, es una ley que está ordenada por la Constitución, no es porque se les haya ocurrido a los legisladores, y que debería ser aprobada a la brevedad.
Nosotros en la UNAM lo hemos estamos estado exigiendo, porque pensamos que es necesario y porque lo ordena la Constitución, y yo espero que ahora sí el cabildeo de un sector de México pues no evite que una ley positiva, que una ley necesaria, que una ley protectora de miles de millones de mexicanos se detenga por el interés de unos cuantos, yo espero que no surta efectos este cabildeo y que tengamos una ley moderna como merecemos y como, además, lo ordena tajantemente nuestra Constitución.
CA: En algún momento de las conversaciones que hemos tenido, Miguel Carbonell, con los líderes de los partidos y con los firmantes del Pacto por México, Gustavo Madero, el hoy presidente del PAN, que por cierto se reunió o se va a venir con la Cámara de Radio y Televisión, y que será el siguiente coordinador del llamado Pacto por México, nos comentaba precisamente sobre la redacción de esta primera página del llamado Pacto por México y hablábamos de si estaban realmente hablando en serio sobre los famosos poderes fácticos, y él decía que la redacción ahí fue entre varias manos en todo caso, pero que le llegó a sorprender que se aceptara finalmente que quedara por escrito el fraseo sobre los poderes fácticos.
Déjame, Miguel Carbonell, ahora que estás diciendo que este tema de la Ley de Amparo sí es una herramienta muy poderosa finalmente para el tema de control del Estado frente a los llamados poderes fácticos, dice aquí este párrafo:
"La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen la práctica, el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad.
"La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyen el interés nacional".
Así lo frasearon, Miguel Carbonell, y estamos viendo una reforma de gran calado que tiene que ver precisamente con esos temas, como has dicho esta mañana.
MC: Yo creo que tiene que ver con esos temas, yo creo que tiene que ver con las reformas estructurales que vienen, se está anunciando ya la iniciativa en materia de telecomunicaciones y tiene que ver con que el Estado pueda cumplir su función, con que se permita que se mejore la competencia.
Para decirlo en pocas palabras y lo hemos visto durante años y años, a Cofetel la traen fregada, la traen contra la pared, recursos y recursos y denuncias incluso contra los titulares.
CA: Incluso personales a los titulares.

MC: Personales contra, al pobre Mony de Swaan.

CA: Ya ha librado varios de esos recursos.

MC: Pues claro que los ha librado, porque son recursos frívolos, porque son recursos inventados, porque quieren amenazar y amedrentar, pero es una persona que está intentando hacer su trabajo lo mejor que pueda hasta donde alcanza su capacidad, pero está intentando sacar a delante este tema.
O, por ejemplo, en materia de competencia, varios de los litigios en donde mejor se les paga a los despachos de abogados, en donde estamos hablando de contratos de millones de dólares, ha sido en materia de competencia, precisamente, pero no para fomentarla, sino para evitarla, entonces yo creo que este proyecto, Ley de Amparo pues ya también va en función del interés general de la mayoría, insisto, preservando los derechos de todos.
Porque si una empresa concesionaria gana un amparo, sus derechos van a ser preservados, no es que no pueda promover el amparo, simplemente lo que va a cambiar, repito, es la forma de litigar, porque no van a tener la suspensión y no van a poder con el puro auto de sustención prorrogar por años un litigio, por ejemplo, para que disminuyan las tarifas de interconexión o para evitar que entre la competencia de alguien más o para retener una concesión que fue irregularmente otorgada.
Ese es el punto fino que se está discutiendo.

CA: En términos de técnica jurídica, digámoslo así, ¿qué me dices sobre las suspensiones en curso, si la ley se aprueba, si el Senado dice ya y se publica la nueva Ley de Amparo? ¿Qué sucede con las suspensiones que, efectivamente, pueden estar ahí desde años que se otorgaron con la ley que está de salida?
MC: El propio proyecto prevé que los juicios iniciados con la ley vigente seguirán su curso hasta terminarse. Yo creo que lo que está ahora ya planteado, en la mayor parte de los casos irá avanzando con bastante fluidez.
Es decir, lo que no puede ser la ley es retroactiva, las leyes no pueden ir hacia atrás, lo infiera la Constitución y en ese sentido lo que ya está planteado hasta el día de hoy seguirá su curso y tendrá que irse desahogando y lo que se vaya plantear hacia adelante, seguramente también a partir de la propia reforma al sector de telecomunicaciones que ya está anunciado pues tendrá que seguir las reglas de la nueva legislación, que esperemos que se apruebe pronto.
CA: Miguel Carbonell, estaremos al pendiente y como siempre te agradezco muchísimo que estés aquí esta mañana para compartir con el auditorio en la República de estos temas y de esta revisión que haces sobre la nueva Ley de Amparo. Gracias y buenos días.
MC: Gracias a ti, un gusto como siempre, un fuerte abrazo.

CA: Un fuerte abrazo. Miguel Carbonell, una explicación sin duda de un tema de la mayor importancia. Duración 28’47’’, nbsg/m.