Ricardo Gómez, reportero: La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez (PRD), se pronunció por la desaparición del arraigo domiciliario en el Distrito Federal y a nivel nacional.

La legisladora argumentó que se trata de una "figura desmedida" al imponerse tratos crueles, denigrantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas a las personas, con el fin de obtener confesiones auto-inculpatorias relacionadas con presuntas actividades delictivas.

Aseguró que en la ciudad de México el arraigo ha sido utilizado indiscriminadamente en delitos patrimoniales, para los que no fue creado, y no sólo para secuestros o trata de personas.

"En el Distrito Federal debemos ser congruentes en la consolidación de la ciudad de las libertades, y en la defensa de los derechos humanos, por lo que seguiremos pugnando por la derogación de esta figura, que aunque esté en la Carta Magna, es inconstitucional", enfatizó.

Durante su participación en el foro "Retos y Acciones del Estado Frente al Arraigo", llevado a cabo en el Senado, la diputada federal del PRD, dijo que en nuestro país no se puede defender a nivel nacional e internacional una figura cautelar que facilita la violación a los derechos humanos y que constituye una herramienta para violar el debido proceso legal.

"El arraigo como medio para cometer actos de tortura debe desaparecer de nuestro sistema legal iniciando por el propio texto constitucional", aseguró.

Dijo que uno de los argumentos que han enarbolado el gobierno federal y algunos estatales para defender esta medida cautelar, se basa en que dicha figura constituye una "herramienta efectiva" para combatir la delincuencia común y en especial la delincuencia organizada, sin embargo, esta premisa resulta falsa.

Argumentó que desde la constitucionalización de esta medida cautelar, los índices de impunidad no se han visto reducidos, ni el número de personas sentenciadas ha aumentado considerablemente, ni la comisión de delitos ha disminuido, por lo que no genera ningún efecto real en cuanto a la prevención, la persecución y la sanción de los delitos.

Indicó que la imposición del arraigo a personas sobre las que no pesa una acusación formal de afectación a un bien jurídico o sobre las que no se tiene certeza de que hubiesen cometido una violación a una norma penal, constituye el mejor ejemplo de lo que puede entenderse como adelantamiento de la punibilidad del inculpado.

Agregó que mientras el derecho penal general impone una pena como medida para confirmar la vigencia de la norma en el Estado de derecho, en el derecho penal del enemigo se establece esta misma pena como una medida de aseguramiento contra actos futuros.

Alavez subrayó que la imposición del arraigo es, en sí misma, una pena impuesta a una persona como una acción de carácter preventivo ante actos futuros, basada en la presunción de que dicha persona pudiera en algún momento o bajo alguna circunstancia estar relacionada con la comisión de algún ilícito, sin que dicha presunción se encuentre basada en prueba o indicio suficientemente razonado y valorado.

Apuntó que el abuso de esta figura cautelar ha desvirtuado su naturaleza como medida de aseguramiento y ha redundado en un mayor debilitamiento de las instancias de investigación y persecución de los delitos, pues contrario a lo que se pensaría, las procuradurías y fiscalías de nuestro país utilizan el tiempo durante el cual la persona se encuentra arraigada para realizar la "investigación" de su conducta y utilizan la información obtenida bajo esta figura para poder encuadrar y responsabilizar penalmente a la persona arraigada.

"Entiendo bien el aumento de la criminalidad en nuestro país, sobre todo aquella relacionada con la delincuencia organizada, lo que obliga a recurrir a figuras y medidas de aseguramiento o medidas cautelares que permitan sujetar a investigación a una persona que se presume partícipe de la comisión de algún delito. Sin embargo, el arraigo constituye la figura más agresiva y más lesiva de nuestros derechos fundamentales como gobernados", precisó.

En resumen, puntualizó, nuestros retos son abatir la delincuencia, dotar de mejores herramientas legales, técnicas y presupuestales a las instancias encargadas de la procuración de justicia, reducir el alto índice de impunidad y prevenir, en la medida de nuestras posibilidades, cualquier acción delictiva.

Por ello, precisó, se tiene que derogar la figura del arraigo, transitar a la construcción de nuevas figuras cautelares menos lesivas y que estén establecidas de conformidad con nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. dlp/m