Diputados de las comisiones de Asuntos Migratorios y de Derechos de la Niñez propondrán crear una base de datos de menores repatriados de Estados Unidos, para protegerlos en su tránsito de regreso a México y entregarlos a sus familiares.

Según un comunicado, los legisladores analizan presentar un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia a crear una base de datos confiable y compartida.

En dicha base se anotaría a los niños y adolescentes repatriados de Estados Unidos, a fin de que se promueva su protección, más allá de la reunificación familiar.

La diputada Flor de Rosa Ayala Robles Linares, destacó que en 2011 las autoridades estadunidenses entregaron a México 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes de diversas nacionalidades, que viajaban solos y que fueron interceptados en la frontera norte; de ello 11 mil 520 eran mexicanos.

La legisladora detalló que cuando los menores de edad son retenidos por las autoridades del vecino país, el proceso de repatriación “se reduce a la frialdad de un trámite burocrático” que no atiende el interés superior de la infancia, lo que resalta la falta de políticas y prácticas que protejan a los menores.

Informó que datos de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que en 18 entidades del país se concentra 90 por ciento del tráfico de personas, entre las que destacan Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Esa información, dijo, la ha reportado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que destaca que la violencia intrafamiliar se presenta en uno de cada tres hogares mexicanos, lo que propicia que 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar y sean presa fácil de la explotación sexual.

Explicó que la cancillería tiene la obligación de cubrir los gastos de repatriación de personas en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los programas vigentes, así como dar atención, asesoría jurídica y protección a través de los consulados.

Sin embargo, esas medidas se anulan una vez que los menores y adolescentes son entregados al Instituto Nacional de Migración (INM).

Ante ello, afirmó que la aplicación de políticas públicas para el bienestar y la protección de los menores no puede variar de una entidad a otra, o de un municipio a otro, y mucho menos estar sujetas al criterio de los servidores públicos responsables de los programas sociales.