A petición de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en la Cámara de Diputados se aprobó un llamado, impulsado desde la tribuna de San Lázaro por legisladores y legisladoras de izquierda, para que el gobernador de Chihuahua, pida a la Fiscalía General de esa entidad, zona norte, que entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, del 2008 a la fecha.
Al respecto, Malú García Andrade, directora general de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, denunció que la estrategia de la autoridad local en los últimos años, ha sido la de ocultar la información a las familias, sobre los hallazgos de cuerpos de jóvenes asesinadas.
El modo utilizado para ello, relató, es el de guardar los restos hallados durante años enteros en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), con el fin de disfrazar los asesinatos y hacer creer a la sociedad que el fenómeno de los feminicidios ya no se presenta, cuando, acusó, se han encontrado grupos de más de 10 cuerpos enterrados en la misma zona del Valle de Juárez.
Al acompañar a la señora Malú García, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lourdes Amaya, subrayó que el Congreso y la sociedad no pueden cerrar los ojos ante la problemática.
La legisladora criticó que al abordar el tema en tribuna, la representación de PRI haya señalado que las familias de las jóvenes y mujeres desaparecidas no tienen información, porque no fueron a recibirla cuando la autoridad las citó.
García Andrade, hija de la señora Norma Andrade, que hace pocos meses sufrió un atentado, ya estando en el Distrito Federal, puntualizó que del 2008 a la fecha la problemática de las desapariciones y feminicidios se ha agravado y dado que la autoridad se niega a informar, ellas no tiene acceso a más datos que los que se publican en los medios de comunicación.
Indicó que hay 130 reportes de mujeres desaparecidas en los últimos 4 años, cuando en los últimos 15 años, no se contabilizaban más de 30 casos. Ello dijo, significa que en el último cuatrienio, el flagelo se incrementó de manera alarmante, hasta en un 300 por ciento.
Recordó que en el caso del Campo Algodonero, que se resolvió en instancias internacionales, donde se estableció la responsabilidad del Estado Mexicano por tales sucesos, el número de cuerpos de mujeres involucrados era ocho.
Ahora, apuntó, se calcula que existen hasta 30 osamentas en la misma región del Valle de Juárez, lo que hace pensar a las familias que hay uno o dos grupos seriales de secuestradores y homicidas, que están actuando como en el episodio del Campo Algodonero.
Aunado a la petición de información, dijo Malú García, se suma la denuncia de que la autoridad en Coahuila, ha optado por entregar cuerpos incompletos, luego de 2 o 3 años de guardarlos en el SEMEFO.
Sobre los dichos de los legisladores del PRI, la directora de Nuestras Hijas, aclaró que es falaz el argumento de que la autoridad ha querido informar pero los quejosos no se han presentado en Chihuahua.
Recordó que por la violencia en Juárez y sus demandas de acceso a la justicia, ella y su madre, Norma Andrade, debieron salir del estado y refugiarse en el DF, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a su favor.
De tal modo que, es el gobierno local el que ha incumplido con los procedimientos de notificarlas y entregar la información requerida vía correo electrónico o la Secretaría de Gobernación, especificó.
Como ejemplo de lo que han tenido que vivir las madres de las desaparecidas, recordó el caso de la señora Ernestina Enríquez, cuya hija Adriana Sarmiento, desapareció en enero de 2008, la encontraron muerta en noviembre del 2009, y le entregaron a la familia los restos hasta noviembre del 2011.
García Andrade señaló que en ese hecho, el cuerpo de Adriana fue identificado por la serie fotográfica presentada por el SEMEFO, pero a la familia le pareció extraño que los restos presentaran pocos signos de descomposición pese al paso de al menos dos años, puesto que aún conservaba el barniz en las uñas de los pies, el color del cabello y la mayor parte del tejido.
Las únicas explicaciones lógicas de ello, advirtió, son que la joven permaneció secuestrada dos años o la autoridad escondió el cuerpo del 2009 al 2011.
Otro caso, recordó, fue el que dio paso a la caminata de mujeres en Ciudad Juárez, luego de que las autoridades entregaran a una madre los restos de su hija, en una caja de madera sellada y del tamaño de un bebé.
Al abrir el contenedor, la señora, apuntó Malú García, encontró dos huesos, uno de cinco centímetros y otro de ocho centímetros, basura, piedras y tierra.
Esto provocó la indignación de las familias y de ahí, aseveró, se derivó la exigencia a la fiscalía de Chihuahua para que diga cuántos registros de mujeres desaparecidas, de restos encontrados y de cuerpos guardados en el SEMEFO tiene. ys/m.