La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, insistió en que el Legislativo debe dar un paso decisivo al eliminar por completo la figura del arraigo, que no ha servido para fundamentar averiguaciones, sino para cometer violaciones a derechos humanos y para justificar casos de tortura.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aceptó que la negociación entre las distintas bancadas para avanzar en ese punto es complicada, puesto que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no quieren ceder y no aceptan más que reducir el periodo del arraigo a 40 días.
Por ello, dijo, su bancada busca empujar otras opciones y establecer más candados en la ley, para que el arraigo no pueda otorgarse solo con sustento en declaraciones de testigos protegidos que, como en el caso del General Tomás Ángeles, se ha demostrado que no tuvieron sustento.
Alavez Ruiz recalcó que el arraigo violenta los derechos humanos, como la presunción de inocencia y pese a ello, en el gobierno de Felipe Calderón se elevó a rango constitucional.
Sin embargo, en las discusiones en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, la mayoría insiste en reducirlo a 40 días, pero sin desaparecerlo, apuntó.
“Nosotros hemos estado insistiendo en que un día, cinco, 20 o 40 días son un riesgo de que exista tortura y toda esta dinámica que se ha seguido de que se desconozca el paradero de los arraigados y los torturen para obtener declaraciones, sin que esto lo regula nadie”, apuntó.
En defensa de la propuesta del PRD, agregó que la autoridad judicial puede allegarse a otras herramientas “para que en lugar de detener para investigar, se investigue para detener”.
“Entiendo que es una dinámica difícil la de la delincuencia organizada, pero de los más de 7000 que hubo del sexenio de Calderón, sólo tres son por delincuencia organizada.
Es decir, se ha abusado de esta figura. Es lamentable el abuso de la persecución, que nada tiene que ver con garantizar que se está deteniendo a delincuentes de gran calibre que transgreden la paz pública. No es así y se ha documentado”, remarcó.
La vicepresidenta de San Lázaro insistió en que el caso del General Tomás Ángeles, puesto en libertad la semana pasada, es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los expedientes se arman con declaraciones de testigos protegidos cuya credibilidad es nula.
“Esta es una figura que también debe entrar a revisión y nosotros debemos estar al pendiente, para, insisto, hacer una verdadera política pública contra la delincuencia y se cuente con herramientas que permitan que en lugar de perseguir, hasta políticamente a las personas, se revise quienes sí pertenecen a la delincuencia organizada y no estar fabricando delincuentes”, finalizó. ys/m.