La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para que los delitos del fuero común cometidos contra periodistas y medios de comunicación sean atraídos por el Ministerio Público Federal.

El Pleno aprobó con 451 votos a favor la minuta procedente del Senado y fue turnada al Ejecutivo federal.

Los legisladores modificaron los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Orgánica de la Procuraduría General de la República.

"Establecer que en los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos", cita la reforma en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En la reforma se especifican las circunstancias en que el MP Federal deberá atraer los casos, cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.

Se precisa que esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma su intención dolosa.

También cuando en la denuncia o querella, la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; y cuando se trate de delitos graves así calificados por la Ley.

Otra circunstancia será cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real, y cuando lo solicite la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate.

"Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta.

"Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta", se precisa en la reforma.

Agrega que otra circunstancia será cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas.

Finalmente, cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que México sea parte, se hubiere determinado la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

"En cualquiera de los supuestos anteriores, la víctima u ofendido podrá solicitar al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción", se señala.

En el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos, se indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a noviembre de 2012, ha recibido 807 quejas por agravios a periodistas y, desde 2005, ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores. Además, en los últimos cinco años, ha investigado 28 ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación.

Se señala que este organismo nacional ha expresado su preocupación por las agresiones a los comunicadores, las cuales, además de violentar sus derechos humanos, vulneran el derecho de la población a estar debidamente informada.

Igualmente, considera de alto riesgo la labor que realizan los periodistas y comunicadores, en razón del incremento de las quejas y la gravedad de los ataques perpetrados en su contra. Tan sólo del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2012, la CNDH conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, de libertad, legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y a la posesión, informando que las cinco entidades en las que se ha dado el mayor número de agravios a periodistas en este periodo fueron el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. /gh/m