La Comisión de Economía aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Educación Pública, de Economía, de Gobernación, así como a la Procuraduría General de la República, a fin de que implementen políticas de control y combate al contrabando y la piratería.
Todo ello, se indicó, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión de los mexicanos.
El presidente de la Comisión, Mario Sánchez Ruiz, explicó que la aprobación de este punto de acuerdo, responde a la necesidad de abatir los problemas que genera a la economía la reproducción de manera ilícita de diversas producciones, atentando así contra los derechos de la propiedad intelectual o industrial.
Aseguró que la piratería en México genera ganancias que ascienden a los 75 millones de dólares anuales, lo que va en detrimento de la industria del país, además de dejar productos de muy baja calidad e incluso que pueden poner en peligro la salud de los consumidores.
En el documento aprobado, dijo, se solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados, los avances de resultados y el estado de operación que guarda la Comisión Intersecretarial para la Prevención y el Combate a la Economía ilegal.
Por lo tanto, dijo, a fin de generar y aplicar de manera urgente, políticas públicas que controlen y combatan al contrabando y la piratería y con ello fortalecer la producción e inversión en nuestro país la Comisión de Economía aprobó por unanimidad este exhorto.
Durante la misma reunión, indicó, se aprobaron otros puntos de acuerdo sobre rubros que buscan mejorar la economía del país en diferentes sectores.
Se aprobó exhortar a los congresos de las entidades federativas a que incorporen en sus agendas de discusión, el tema de las acciones para detectar la enajenación de objetos robados que se llevan a las casas de empeño.
También se aprobó un exhorto al Gobierno Federal, para que a través de las secretarías de Hacienda y Economía, se promuevan esquemas de incentivos que favorezcan el acceso al crédito privado a las MIPYMES, a fin de gestionar ante la banca comercial y los intermediarios financieros mecanismos para propiciar mayor inclusión financiera y profundización para mejorar las condiciones del financiamiento a este segmento.
Del mismo modo, se solicitó a los titulares de Economía y del Instituto Nacional de la Economía Social, a promover y establecer en las reglas de operación correspondientes para que se incluya a los sectores en situación de vulnerabilidad en los apoyos que este Instituto otorga. /gh/m