La coordinadora de la bancada del Partido Nueva Alianza (PANAL) en la Cámara de Diputados, Sanjuana Cerda, se pronunció a favor de que en la reforma secundaria en telecomunicaciones, se establezcan controles y reglas para que los concesionarios del sector actúen con responsabilidad social y al mismo tiempo sean competitivos.

Desde Madrid, donde participa en la Reunión Interparlamentaria México-España, la coordinadora del PANAL recalcó que los órganos reguladores de las telecomunicaciones deben ser fuertes y no permitir empresas "intocables", pero tampoco "ahogar" o “debilitar” a los concesionarios.

La legisladora comparó la situación de México y España, última nación donde el 60 por ciento de los habitantes tiene acceso a internet; mientras que solo el 35 por ciento de los mexicanos que pueden contar con ese servicio, por lo que es necesario promover la inclusión digital en nuestro país.

Aprovechó para señalar que la reforma era necesaria, porque en telecomunicaciones el mercado tiene “claros rasgos de dominancia”, donde un solo consorcio acumula el 80 por ciento de la telefonía fija y el 70 por ciento de la telefonía móvil, ello en referencia a Telmex y Telcel, del empresario Carlos Slim; así como a la dominación de Televisa en el 70 por ciento de la televisión abierta.

La diputada Cerda Franco dijo que a nivel internacional, el consenso apunta a que el acceso a internet es necesario para garantizar el acceso a la educación, salud, trabajo e incluso para procesos electorales libres y democráticos.

Agregó que la regulación en telecomunicaciones en México hasta el momento ha sido ineficiente, y por tal razón en la reforma recientemente publicada de manera oficial, se estableció que los organismos reguladores deberán ser autónomos en sus decisiones, y podrán revocar concesiones, frenar y evitar los monopolios, garantizar la competencia y administrar el uso del espectro radioeléctrico.

“México se inscribe en la modalidad predominante a nivel internacional, donde el Estado delega sus atribuciones regulatorias en un ente autónomo con amplios márgenes de control ciudadano, con capacidad regulatoria y sancionatoria efectiva, para que actúe sin presiones provenientes del poder público o de los concesionarios”, aseguró. ys/m.