Ante el incontrolable clima de violencia en estados del norte del país y zonas como Michoacán, es preciso que el Estado analice la necesidad de establecer normas más precisas para decretar la suspensión de garantías, a fin de tomar el control de la situación, planteó el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Zárate.

El legislador del Sol Azteca agregó que presentará su propuesta de expedir una Ley Federal Sobre el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública, durante la sesión de este miércoles 19 de junio de la Comisión Permanente.

Se trata, explicó, de reformar el maco legal sobre el uso de la fuerza legítima del Estado a través de las instituciones de seguridad pública o el Ejército.

Recalcó que de acuerdo a la experiencia del último sexenio y los primeros meses de la presente administración, se concluye que el uso de los cuerpos de seguridad, incluso las Fuerzas Armadas, no garantiza el respeto a los derechos de los ciudadanos, ni un combate efectivo a la criminalidad.

Apuntó que los criterios que deben normar el uso de la fuerza pública ante situaciones de violencia e inseguridad acentuadas, deben ser la oportunidad, proporcionalidad y el uso de la violencia del Estado solo debe ser utilizado en caso de riesgo grave a la propiedad de los bienes y la vida.

Señaló que ante el derecho de los ciudadanos a manifestarse, y de los terceros al libre tránsito, será preciso dilucidar sobre el trato a la libre manifestación y la necesidad de mantener el orden, así como establecer los criterios a tomar en cuenta por la autoridad y los mandos policíacos, para determinar qué bienes jurídicos a tutelar deberán ponderarse en el uso de la violencia.

Por ello, dijo, la ley debe establecer claramente los derechos, competencias y obligaciones de la autoridad y de los ciudadanos.

“Hoy en día nadie sabe hasta dónde es el límite o cuando se establece ese límite, qué armas se utilizan, cuando o no porque se establecen protocolos y simplemente lo hacen”, atajó.

Manifestó que su intención es establecer criterios sobre las condiciones para decretar la suspensión de garantías, en zonas del país donde, por la actuación del crimen organizado los derechos y libertados de los ciudadanos se han limitado “de facto”, cuando los habitantes no pueden salir de sus casas al anochecer o ya no pueden circular por carretera por el peligro que ello representa.

Señaló que el Ejecutivo Federal debería entrar de lleno a la discusión de la suspensión de garantías y en qué condiciones, puesto que hasta el momento, ha mostrado que la estrategia es no hablar de lo que sucede en entidades como Michoacán y puntos del norte del país, como si quisieran “tapar el sol con un dedo”, criticó.

“Y eso no nos ayuda, lo que nos ayuda es aceptar las condiciones de inseguridad y de violencia que existen, así como el abuso de las autoridades para poder emitir actos, de acuerdo con la norma”, indicó.

“Pero lo tenemos que hacer, es reconocer el problema de violencia, regular cómo las instituciones ejercen la fuerza, y número dos, otorgarle la seguridad al Estado de levantar focos rojos y declarar un estado de inseguridad y suspensión de garantías; incluso, que los ciudadanos y las fuerzas especiales puedan ejercer su tarea especial, pues no se vive igual en el Distrito Federal que en Michoacán”, agrego.

El legislador perredista pidió reconocer que en determinados estados y lugares del país se ha perdido la gobernabilidad, ante la incapacidad y la decisión de los gobernadores locales de no intervenir ni controlar la situación; así como la insistencia del Gobierno Federal de dar una imagen de tranquilidad ficticia. ys/m.