La Comisión Bicamaral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, se instaló en medio de reclamos de legisladores de la oposición, que lamentaron el modo en que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dio por válida la designación del diputado presidente de esa instancia, el priista Pedro Gómez.

Al intervenir en la sesión de apertura de trabajos, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos de Jesús Alejandro, calificó de “ilegítimo” al diputado Gómez Gómez.

Tras expresar su indignación por el modo en que fue designado presidente, sin consultar a los integrantes de la Comisión en una reunión formal, el legislador perredista cuestionó si el plan de trabajo del PRI para la nueva COCOPA, será más militarización, más desprecio y más represión a los pueblos indígenas o más diálogo.

Ello, puesto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), solo ha promovido el racismo, el uso electoral de los programas sociales y la violencia contra los indígenas, acusó el legislador del Sol Azteca.

En su turno, el diputado del Partido de Trabajo (PT), Manuel Huerta, que abandonó la sesión inaugural, coincidió con el diputado Alejandro en cuanto a que la presidencia de la COCOPA fue nominada de manera ilegal.

Antes de retirarse del lugar de reunión, Huerta Ladrón de Guevara conminó a las autoridades parlamentarias, a dar el cauce legal a los trabajos de dicha instancia y ordenar la reposición del proceso de elección de integrantes de la Mesa Directiva, a fin de que este surja de un acuerdo entre las partes, no de la imposición del PRI o la Junta de Coordinación.

En esa postura coincidió su compañero de bancada, el diputado

Héctor Hugo Roblero Gordillo, quien se manifestó por corregir las anomalías en la instalación de la COCOPA y que esa instancia, sirva realmente para trabajar en beneficio de los pueblos indígenas.

“La presidencia de la COCOPA es totalmente ilegal y anticonstitucional, ya que una porción de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del PAN y el PRI, impuso al diputado Pedro Gómez al frente de ésta comisión sin consultar a nadie, además de que estos partidos nunca han hecho caso del reconocimiento de los pueblos indios”, reclamó el diputado Huerta.

Por su parte, el diputado presidente, señaló que la labor de la COCOPA será la de trabajar por todas las etnias del país, a fin de pagar la deuda histórica con ellas y reanudar el diálogo con sus comunidades, “para firmar la paz digna que Chiapas necesita”.

Al encuentro asistió la ex diputada federal del PRI, Nuvia Mayora, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En ese marco, la funcionaria federal consideró que la instalación de la Comisión fue legal y detalló que el 60 por ciento de los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre están enfocados a la población indígena, a fin de atender sus demandas en materia de alimentación.

Los pueblos indígenas también requieren de alternativas para contar con vivienda, agua y proyectos productivos, puesto que 15 millones de personas de origen indígena están en pobreza y pobreza extrema, abundó.

En tanto, el titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Jaime Martínez Veloz, dijo que la dependencia tiene un diagnóstico claro sobre los instrumentos jurídicos necesarios para dar viabilidad a la Ley para los pueblos indígenas.

Afirmó que con la reforma en materia de derechos humanos del 2011 y los protocolos aprobados por la Suprema Corte en materia de leyes para los pueblos indígenas, en temas como recursos naturales, tierra y territorios, derecho a la consulta y otras disposiciones, servirán de base para contar con un marco jurídico adecuado para los pueblos originarios.

Aunque reconoció que con ello no se firmaría la paz, confió en que genera las condiciones propicias para el diseño de una ley que concuerde con el marco constitucional para los pueblos indígenas.

Incluso, consideró que las bases establecidas en 1996, con el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las condiciones jurídicas actuales, permitirán atender la exigencia de que se cumplan los acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Recordó que la deuda con los pueblos indígenas, es integrar a la propuesta del ley del año 2001, lo que se excluyó en ese momento y que hacía referencia al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, los recursos naturales, las tierras y territorios, reconocimiento de su propio sistema normativo en el marco del sistema judicial mexicano y respeto a los derechos de las mujeres, entre otros aspectos.

Admitió que debido al estancamiento de esa normatividad, también quedó en el limbo el tema de las guardias comunitarias, que en meses pasados regresaron a la escena pública, a través de ese tipo de agrupaciones y otras modalidades como las llamadas “autodefensas”. ys/m.