Al reunirse con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM), entregaron su propia propuesta de reforma al artículo 3 constitucional, en la que plantean que la evaluación se aplique a los maestros, pero también a las autoridades administrativas, empezando por los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al demandar que se combata la corrupción entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP, exigieron fiscalizar todos los fondos federales destinados a la educación en los estados.

El líder de esa organización, Gaudencio Bravo Sánchez, exigió que la reforma educativa no resulte ser un “parche” más.

Otros integrantes del gremio que, admitieron, no tiene reconocimiento oficial de la dependencia a cargo del secretario Emilio Chuayffet, denunciaron que el dinero destinado a la compra de computadoras que serían entregadas a los maestros y escuelas en los estados, pactado desde 2001, ha sido retirado, desviado, desaparecido y se desconoce su destino final.

En ese marco, el presidente de la Comisión, Jorge Federico de la Vega, advirtió que sin presupuesto suficiente y adecuado, la reforma educativa del Gobierno Federal quedará en un paquete de “buenas intenciones” y en la reforma “sexenal de moda”.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que el sistema educativo mexicano está en crisis, pero ello no es responsabilidad de los maestros, sino un reflejo de las carencias y desigualdades de la economía y sociedad mexicanas.

Agregó que sin consenso entre los actores involucrados, será complicado sacar adelante las leyes secundarias. Tampoco será posible tener una reforma integral, si no se aplica una evaluación a fondo de todos los componentes y niveles del sistema educativo.

Reiteró que a su parecer, la evaluación al magisterio no puede ser estandarizada, tiene que tomar en cuenta las particularidades y condiciones de cada región del país.

En el encuentro, los integrantes del SITEM aseguraron que están a favor de la reforma y esta es bienvenida, siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores.

Como parte de su propuesta, indicó que se solita homologar las prestaciones y salarios de los maestros, que estos tengan certidumbre en el trabajo, que se supriman los contratos ilegales y aunado a la evaluación de los profesores, se someta a evaluación también a los funcionarios del sector, empezando por los administrativos de la SEP.

Tras indicar que su planteamiento agrega que cada escuela debe contar con un médico y un dentista, los planes de estudio deben retomar las materias de ética y civismo, los grupos no podrán conformarse por más de 28 integrantes, se debe integrar al sistema educativo al nivel inicial, es decir, a niños de 0 a 3 años, y cada escuela debe contar con los recursos económicos suficientes para gestionar su funcionamiento, señaló que el SITEM exige una auditoría a las finanzas de la SEP.

Recalcó que los maestros no le temen a la evaluación ni a la permanencia de los maestros, pero esas mediciones también deben aplicar a los directivos y funcionarios de la SEP.

En su turno, Alejandro Castillo Aguilar, Secretario de Desarrollo Social del SITEM, pidió que la reforma no vaya a convertirse en una farsa más del sexenio y enfatizó la solicitud de auditar los fondos federales destinados al rubro educativo en los estados, en particular los que se enviaron a fideicomisos firmados por el Gobierno Federal y el SNTE.

Relató que en el caso del fideicomiso signado desde 2001 para dar computadoras a todos los profesores del país, los recursos se distribuyeron al menos en los estados de Yucatán y Quintana Roo, pero las máquinas nunca llegaron a las escuelas o se compraron a marcados sobreprecios. ys/m.