La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una reforma a la Ley General de Salud, que prevé aplicar medidas de control sanitario más firmes, ante la aplicación ilegal de técnicas de reproducción asistida.

Los cambios contemplan imponer penas de 6 a 17 años de prisión y multas que van de los 8 mil a 17 mil salarios mínimos, a quienes de manera ilícita conserven, obtengan, utilicen y preparen órganos, tejidos y otros componentes de embriones fertilizados.

Cuando en ese tipo de prácticas intervengan profesionales, técnicos o auxiliares en materia de salud, éstos serán suspendidos de 4 a 6 años en el ejercicio de la profesión, determinaron los legisladores.

Los legisladores indicaron que en el país y a nivel internacional, se estima que aproximadamente el 15 por ciento de las mujeres y hombres en edad reproductiva, es decir, entre 18 y 44 años, presentan problemas de infertilidad.

La diputada panista Raquel Jiménez Cerrillo, quien promovió la iniciativa, indicó que por desconocimiento, muchas mujeres se someten a procedimientos de reproducción asistida sin haberse sometido a un diagnóstico certero para determinar si tienen problemas de infertilidad y a qué se deben.

Agregó que la Ley General de Salud en Materia de la Investigación para la Salud, establece que “fertilización asistida”, es la que implica inseminación artificial o intrauterina y la fertilización in vitro, es decir, extra uterina.

Expuso que entre los riesgos de la reproducción asistida, están actividades ilegales como el tráfico de embriones y gametos, que no están tipificadas como delito, contrario a lo que sucede con el tráfico de órganos y tejidos. ys/m.