Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promueven una propuesta de Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana, cuyo propósito, es hacer real la participación ciudadana en la toma de decisiones en el país.

La iniciativa enviada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, establece las bases y lineamientos a seguir por las personas interesadas en enviar proyectos al Congreso de la Unión y que este pueda analizarlos.

El posicionamiento de los perredistas indica que los ciudadanos deben ser habitantes participativos y para propiciar esa condición, el Congreso debe colaborar.

El planteamiento de los diputados Trinidad Morales Vargas, Marino Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero señala que para presentar iniciativas ciudadanas, la Cámara de Diputados facilitará a los interesados un formato de iniciativa, misma que de ser admitida, tendrá que publicarse en la página de internet del órgano parlamentario, a fin de dar paso a la recolección de firmas.

Las firmas de respaldo deben ser recopiladas, personalmente o por correo certificado, en un plazo de 180 después de la publicación del proyecto.

Ese procedimiento será plena responsabilidad del promotor, que tendrá una sola prórroga de 30 días, en el caso de que falten 20 días para el vencimiento del plazo y le reste un 10 por ciento para completar el total de firmas.

Los ciudadanos tendrán prohibido dar pago alguno o realizar intercambios en especie, a cambio de las firmas.

Con tal mecanismo, indica la iniciativa, se reconocerán y fomentarán los derechos de los ciudadanos, se les brindará capacitación, información, difusión, apelación, garantía de audiencia, inconformidad y dictaminación en inclusión.

En caso de que Instituto Federal Electoral (IFE) determine declarar inválida una iniciativa, al rechazar las firmas que la apoyan, los ciudadanos podrán apelar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La propuesta establece que los diputados deberán comprometerse a procesar las iniciativas ciudadanas, para evitar que estas sean destinadas a la “congeladora legislativa” o se deje pasar el plazo de dictaminación. ys/m.