Legisladores federales pugnaron por una ley única agropecuaria, una tarjeta de registro para que los pequeños campesinos tramiten recursos frescos y un Pacto Legislativo en favor del campo, para superar los rezagos en el sector.
Mario Rafael Méndez, presidente de la Comisión de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente (PEC), llamó a "dejar atrás los colores y no encerrarse en el fanatismo partidario" a fin de consolidar junto con el Poder Ejecutivo las propuestas para el agro.
Ante Arturo Osornio Sánchez, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura federal, el legislador subrayó que el sector requiere consensos entre los poderes para repuntar.
"Ya no podemos seguir confrontándonos, estar en contra de todo y a favor de nada, los tiempos exigen que legisladores y funcionarios se pongan de acuerdo", enfatizó.
En la sesión de trabajo de la instancia legislativa, el perredista subrayó la importancia de unificar las acciones de las comisiones del sector para construir programas integrales que apoyen a los campesinos de autoconsumo.
En tanto Darío Zacarías Capuchino, secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, propuso eliminar reglas de operación que sólo obstaculizan la producción y el progreso de los campesinos.
Sugirió una tarjeta de registro ante la Secretaría de Agricultura federal para facilitar los trámites anuales de apoyos económicos a los pequeños productores y revisar más de 60 leyes que sólo hacen engorrosas sus gestiones ante las autoridades.
En su oportunidad el diputado priista Oscar Bautista se manifestó por una reforma agraria de gran calado que permita nuevas bases jurídicas para impulsar al sector, así como por un Pacto Legislativo por el campo en el que participen todos los partidos políticos.
En tanto, Eufrosina Cruz, secretaria de la Comisión Especial, dijo que la falta de títulos de propiedad impide a miles de pequeños productores acceder a recursos federales y estatales, por lo que llamó a la Sagarpa atender este asunto pues ninguna ley exige ese requisito para solicitar apoyos en el marco del Programa Especial Concurrente.
En su participación la legisladora priísta Maricela Velázquez Sánchez destacó la necesidad de una estrategia integral de desarrollo rural con verdadero impacto social que garantice avances.
Mientras que Pedro Porras Pérez, secretario de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del PEC, acusó que no se entregan los recursos solicitados por los campesinos porque las dependencias rechazan todos los proyectos de los pequeños y medianos productores.
A su vez el diputado perredista José Antonio León Mendívil, de la Comisión de Reforma Agraria, expuso que a pesar del sobre diagnóstico de la problemática del campo no se impulsan políticas integrales que lo rescaten y garanticen la soberanía alimentaria del país.
Ante ello urgió a diseñar, en el marco de la reforma financiera, una verdadera Banca de Desarrollo para el Campo y a suscribir un Pacto por México del campo, en el que todas las fuerzas políticas se comprometan a trabajar para rescatar al sector.
Más adelante Arturo Osornio, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), refrendó el compromiso del gobierno federal para reactivar el ramo y consideró conveniente que el Poder Legislativo ajuste el marco jurídico.
Reconoció la necesidad de un código agroalimentario para evitar la duplicidad en los trámites y citó al respecto que al menos 80 normas jurídicas impiden que 50 por ciento de los productores accedan al crédito porque no lo permiten las leyes de la tenencia de la tierra.
En este marco, el funcionario federal anunció que la Secretaría de Agricultura, en coordinación con la de Hacienda y Crédito Público, impulsará tres programas en apoyo directo al sector primario de la economía.
El primero, precisó, alentará la agricultura familiar periurbana y de traspatio que realizan mujeres por ser únicas proveedoras y personas de la tercera edad, ante el envejecimiento de la población.
El segundo sumará a los campesinos de autoconsumo a las cadenas productivas a fin de dar valor agregado a sus artículos y el tercero, denominado Programa Peso a Peso, servirá para que a través de fundaciones las grandes empresas se sumen a la atención al campo.
De acuerdo con Osornio Sánchez, también se propondrá que los estados destinen 50 por ciento de sus recursos concurrentes anuales a apoyar a la población vulnerable y que los municipios se sumen a las acciones para fomentar las actividades agropecuarias. agb/m