México a lo largo de su historia ha experimentado un desarrollo progresivo en materia de Derechos Humanos, el cual ha ido desde el reconocimiento normativo de prerrogativas básicas, hasta el establecimiento de mecanismos que garantizan su goce y ejercicio. Así, los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos han sido acogidos paulatinamente en nuestro sistema jurídico.

Con la Constitución Política de 1917 se establecieron diversos derechos fundamentales a lo largo de su texto, así como otros de naturaleza social, que posibilitaron que se le reconociera como la primera constitución de corte social del siglo XX.

Posteriormente, a mediados del siglo pasado, la comunidad internacional impulsó la formulación de importantes instrumentos que acogieron y desarrollaron con mayor amplitud y precisión los derechos humanos, sumándose nuestro país a ese propósito mediante la suscripción y ratificación de importantes tratados internacionales que lo han comprometido a adoptar mecanismos que garanticen a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, así como el respeto, vigilancia, promoción, protección y defensa de éstos por parte de las autoridades.

A raíz de ello, se impulsaron diversas enmiendas que dieron paso al reconocimiento y ampliación de otros derechos. Sin embargo, fue hasta el inicio de este nuevo milenio, y dentro de un marco de renovación mundial, que el Poder Legislativo Federal, respaldado por defensores de Derechos Humanos, aprobó en 2011 la reforma constitucional más trascendental en la materia desde la promulgación de nuestra Constitución vigente.

De esa manera, los Derechos Humanos fueron ubicados en el eje fundamental del sistema jurídico-político mexicano, cobrando plena vigencia los contenidos en los tratados e instrumentos del derecho internacional ratificados por nuestro país al concedérseles la misma fuerza legal que los establecidos por la Ley Suprema y la legislación nacional. Asimismo, con dicha reforma se afirmaron los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad de estos derechos y se otorgó primacía al principio pro persona en aras de garantizar la protección más amplia.

Ante este panorama, la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura ha asumido el compromiso de consolidar en el orden jurídico nacional, la reforma constitucional de junio de 2011 a partir de la formulación y aprobación de las normas secundarias que posibiliten dotar a nuestro país de un marco jurídico armonizado y congruente con la normatividad internacional en materia de derechos humanos.

Al cumplimiento de ese compromiso se encaminarán las labores de este órgano legislativo, privilegiando el análisis y la discusión plural, así como la metodología en el trabajo y la difusión e integración de la sociedad civil y la academia mediante la realización de foros, estudios, investigaciones y publicaciones, entre otras actividades.

Diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones
Presidente