Víctor Fuentes, reportero: Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva en definitiva el caso del predio El Encino, que se ha prolongado por más de ocho años y en su momento llevó al desafuero del ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió este jueves solicitar a la Corte el ejercicio de su facultad de atracción para que resuelva cuatro recursos de queja promovidos por el Gobierno del Distrito Federal contra la resolución dictada en diciembre pasado por el juez Álvaro Tovilla.

En dicha sentencia, el juez noveno de distrito en materia administrativa resolvió que "no existe ningún impedimento material o jurídico" para que el Gobierno de Marcelo Ebrard dé cumplimiento al amparo otorgado desde 2002 a la empresa Promotora Internacional Santa Fe y devuelva las fracciones del predio, expropiadas en noviembre de 2000.

Alberto Pérez Dayán, Adela Domínguez y Filiberto Mijangos, magistrados del tribunal colegiado, consideraron que el asunto debe ir a la Corte por su trascendencia y antecedentes, no obstante, los ministros no están obligados a aceptar la petición.

A finales de 2003, la Segunda Sala de la Corte ordenó a Tovilla desahogar un procedimiento especial para determinar si era posible la devolución física de las dos fracciones de 13 mil 400 metros cuadrados expropiadas por la ex jefa de Gobierno, Rosario Robles, para ampliar las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

El juez tardó cinco años en llegar a la conclusión de que no hay imposibilidad física para devolver los terrenos. Pero el Gobierno del DF impugnó la decisión alegando, entre otros puntos, que la empresa quiere recuperar todo el predio de 100 mil metros cuadrados, no solo las fracciones expropiadas.

La empresa, por su parte, ha solicitado a las autoridades negociar para resolver el caso.

Si la Corte acepta atraer las quejas, deberá resolver si es correcto ordenar la devolución física del inmueble y cuáles son las fracciones por entregar. Si el Gobierno siguiera renuente a cumplir, los funcionarios responsables se expondrían a destitución y consignación penal dictadas por la propia Corte.

El incumplimiento de una suspensión dictada por el juez, que ordenaba a las autoridades permitir acceso a estas fracciones del predio durante el trámite del amparo, fue lo que motivó en 2005 el desafuero de López Obrador.

Aunque la PGR acusó penalmente al tabasqueño, se retractó porque no existe en el Código Penal Federal una sanción clara contra este delito, episodio que le costó el puesto al entonces procurador Rafael Macedo. Duración: 0, reoc/m.