Patricia Godoy, reportera: Castigar con una pena de tres a 12 años de prisión a los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones otorguen ilícitamente permisos, licencias o autorizaciones en materia ambiental, propuso el Partido Verde Ecologista.

Este instituto político llevó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas penales para sancionar a los funcionarios, explicó el diputado Carlos Fuentes Salas.

Destacó que su partido busca salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, frente a los ataques que los lesionen o los pongan en peligro.

Reiteró la urgencia de llevar a cabo acciones para que el medio ambiente sea limpio, saludable y productivo, el cual constituye un bien jurídico que debe ser protegido, por lo que su resguardo, aseguró, hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial del derecho penal. Duración 52´´, nbsg/m.