La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de la recuperación hasta el 31 de marzo de 33 mil 717 millones 800 mil pesos, derivado de la fiscalización de
las cuentas públicas de 1999 a 2007, así como la promoción de 23 denuncias presentadas.

El informe presentado a la Cámara de Diputados y que analizan los legisladores detalla que la ASF logró recobrar del Poder Ejecutivo 26 mil 590 millones de pesos, de los cuales 17 mil 220 millones 400 mil pesos corresponden al sector Hacienda y Crédito Público.

Del rubro energético se recuperaron cuatro mil 202 millones; de Comunicaciones y Transportes dos mil 362 millones 100 mil pesos; en Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fueron mil 87 millones 400 mil pesos, y de Turismo 491 millones 800 mil pesos.

Por lo que respecta a Seguridad Pública, el documento destaca que se recuperaron 447 millones 400 mil pesos correspondientes a la Policía Federal Preventiva, 408.5 millones del IMSS, y 134 millones 100 mil pesos de Desarrollo Social.

La ASF informó que seis mil millones 833 mil 600 pesos se recuperaron de los recursos transferidos a entidades federativas, municipios y delegaciones; mientras que 277 millones 400 mil pesos provinieron del Poder Judicial, la mayoría, 176 millones 400 mil pesos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el documento se menciona que las recuperaciones devienen de la acción fiscalizadora y del ejercicio de las facultades de la ASF en materia de responsabilidades resarcitorias.

Asimismo se refieren a procesos de fiscalización superior ya concluidos y conciliados, cuyos montos han sido reintegrados al erario federal. "Dichos recursos han sido utilizados para financiar diversos programas públicos", detalla el texto de la ASF.

Subraya que derivado de la fiscalización superior al 31 de marzo, la ASF ha presentado 23 denuncias penales y administrativas ante los orgános y dependencias correspondientes.

De la Cuenta Pública 2007 se presentó denuncia contra funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por un daño de ocho millones 577 mil 500 pesos.

Lo anterior al no poder solventar la irregularidad derivada de la auditoría número 567 y que se detectó que en el juicio laboral número 292/2007, radicado en la Junta Especial número 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

"El Jurídico del ISSSTE no contestó la demanda ni asistió a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, ocasionando que se condenara al instituto a pagar al actor la cantidad arriba mencionada", explica.

Otro caso es el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Cuenta Pública 2006, cuyas irregularidades fueron por un monto de nueve millones 552 mil 618 pesos.

Ello, tras comprobarse el incumplimiento de dos contratos celebrados entre la SCT en Oaxaca y la contratista "Arrendadora, Terracerías, Excavaciones y Caminos S.A. de C.V.", para la construcción de dos tramos carreteros de la carretera San Ildefonso Santa Cruz Zenzontepec, en esa entidad.

En este caso se detectó que la contratista abandonó la obra y distrajo el anticipo que se le otorgó para la compra de materiales y construcción.

En la Cuenta Pública de 2005, Pemex Corporativo registró un daño de mil 724 millones 518 mil 939 pesos, y Pemex Refinación por 53 millones 782 mil pesos.

Ante ello se presentó una denuncia contra el director general de la petrolera al comprobarse que dispuso de dichos recursos para cubrir compromisos de ejercicios presupuestales anteriores y entregárselos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

También presentó, en su momento, una denuncia contra el Comité Nacional Pro Vida en la Cuenta Pública 2003 por un daño patrimonial de 30 millones 996 mil 552 pesos, los cuales fueron aplicados para fines ajenos al Programa de Centros de Ayuda para la Mujer.

Dicho informe hace mención al denominado "Pemexgate", en cuya auditoría de la Cuenta Pública de 2000 se estableció un daño económico por mil 421 millones 149 mil 746 pesos. El estado procesal de la denuncia es de tipo penal. Duración: 0, reoc/m.