La Primera Comisión de la Comisión Permanente, que analiza los temas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, determinó desechar por extemporánea, la solicitud promovida por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral, por considerar que dicha norma violenta los derechos de los trabajadores.
El presidente de dicha instancia, el diputado panista, Fernando Rodríguez, explicó que ese punto de acuerdo era inviable, pues desde el pasado 30 de diciembre de 2012 venció el plazo para inconformarse legalmente contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fue publicada oficialmente el 30 de noviembre de 2012.
Asimismo, confirmó que en la comisión a su cargo no se abordó la petición de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, para derogar el decreto del pasado 29 de noviembre, que faculta al Estado Mayor a proteger a los ex presidentes de la República y sus familias.
Explicó que ello se debe a que el presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, el diputado Francisco Arroyo Vieyra, turnó el expediente a otra de las comisiones, que más bien se encarga de temas relacionados con Relaciones Exteriores, Educación y Defensa Nacional.
Sobre el fondo de la petición de los legisladores coordinados por Ricardo Monreal, el diputado Rodríguez Doval consideró en lo personal, que se trata de una mera propuesta “populista” porque la protección a los ex mandatarios y sus familias en nada afecta las finanzas públicas y se trata de una garantía para quienes en su momento, combatieron al crimen organizado.
En tanto, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en materia de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, desechó el punto el citado.
Los integrantes de ese órgano parlamentario decidieron desestimar la moción para derogar el decreto que reforma algunas disposiciones del reglamento del Estado Mayor Presidencial, en materia de seguridad a los ex presidentes del país y sus familiares.
Con voto unánime, decidieron que entre las obligaciones del Estado Mayor, de acuerdo al artículo 4 de su reglamento, está garantizar la seguridad del Primer Mandatario, su familia, los presidentes y funcionarios extranjeros que visiten el país; así como la de funcionarios que por las labores a su cargo o por orden del Presidente, requieran de protección.
De acuerdo al resolutivo del dictamen, la Segunda Comisión concluyó que para realizar esas tareas no se requiere una partida adicional a los recursos que en el presupuesto de cada año se adjudican en el ramo administrativo 02 a la Presidencia de la República, mismo que incluye el pago de percepciones de quienes hayan ocupado la Primera Magistratura.
Por lo tanto, la seguridad a la familia del presidente y de ex presidentes, no genera afectación alguna al erario público, agrega la exposición de motivos, que también señala que el objetivo de brindar protección al ex mandatario y su familia, tiene como fin proteger su integridad.
El texto agrega que incluso la esposa del Primer Mandatario está en función de políticas públicas al encargarse de tareas en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y por ende, tiene derecho al beneficio del resguardo del Estado Mayor. ys/m