El presidente de la Comisión investigadora del caso Monex en la Cámara de Diputados, Roberto López, consideró que las resoluciones del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo resultado se ha adelantado en los medios de comunicación y hablan de un gasto millonario de la Coalición Compromiso por México en tarjetas del Banco Monex, confirman la tesis del financiamiento irregular que dio pie a la creación del grupo a su cargo.
Y aunque el fallo por analizar en el IFE señala que las quejas del caso Monex son infundadas, agregó el diputado López Suárez, las autoridades electorales aún deben esclarecer cuál es el origen del financiamiento.
“Efectivamente hubo un exceso de gastos de campaña por parte del hoy Presidente de la República. Creemos que, aunque no conocemos el proyecto que se está rumorando que existe, creemos que aunque hubiera una sanción al PRI por rebase de topes de campaña, no es suficiente porque se tendría que abrir una investigación judicial sobre el origen de los recursos, sobre la triangulación de estados financieros y además, tiene que haber responsables”, apuntó, tras señalar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) deberá tomar cartas en el asunto y fincar sanciones.
El legislador del Sol Azteca confirmó que para la sesión de este miércoles 23 de enero se espera la visita de Mario Di Costanzo, nuevo titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) e insistió en que los resolutivos del IFE no anulan las indagatorias que se realizan en San Lázaro, porque dicha comisión tiene entre otros objetivos, recopilar información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Remarcó que las decisiones del IFE y las demás instancias que toman parte en las pesquisas, complementarán los trabajos legislativos en los que aún no se descarta convocar a los dueños de las empresas Inizzio y Efra, para que acudan al recinto legislativo a dar su versión de los hechos.
Ante el cuestionamiento sobre las facultades de la comisión investigadora para citar a reuniones de trabajo a particulares, en este caso a los dueños de las llamadas “empresas fantasma” ligadas al financiamiento paralelo en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, recordó que en anteriores comisiones investigadoras, se ha contado con la colaboración de personas ajenas al servicio público.
A modo de ejemplo, refirió la reunión del pasado 16 de enero con el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas, integrante de un organismo autónomo, que atendió el llamado de los legisladores.
De hecho, refrendó, hay ex empleados del Banco Monex que están dispuestos a reunirse con la comisión y aportar datos, aunque también han señalado que temen por su seguridad, ello, debido al tipo de información de la que tuvieron conocimiento mientras colaboraron con la institución financiera señalada.
Respecto a si los resultados que genere la comisión deben ser retomados por el IFE para continuar con las pesquisas, el perredista añadió que cada órgano tiene su propia responsabilidad y los diputados no pueden decirle a la FEPADE o al árbitro de las contiendas cuál es su tarea.
La obligación de la comisión es investigar a fondo y entregar un informe a la Cámara de Diputados, para que el órgano colegiado lo evalúe, presente a la opinión pública y tome una posición, explicó.
Agregó que la Comisión volverá a sesionar este jueves 24 de enero, cuando el titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas regrese para responder a las preguntas planteadas por los legisladores en la sesión anterior, realizada el pasado miércoles 16 de enero y abunde sobre la resolución que habrá de discutir el Consejo General del IFE este miércoles 23 de enero, en torno al caso Monex. ys/m.