Enrique Galván, colaborador: Finalmente la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley de Amparo, a reserva de lo que opinen los invitados al programa, es una buena ley, se necesitaba. El derecho de amparo es una especialidad dentro de la ciencia del derecho, México ha tenido y tiene grandes maestros de garantías y amparo, así se llama la materia en la Facultad de Derecho y hay que exprimirse el coco para aprobarla.

Tiene dos ejes, el primero elimina tecnicismos y formalismos que hoy en día hacen del juicio amparo todo un embrollo; el segundo eje tiende a fortalecer al Poder Judicial y a consolidar a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Uno de los cambios destacables es que no sólo protegerá las garantías individuales, sino también los derechos humanos; otro es que amplía su campo de protección, no sólo a quienes tengan un interés jurídico, sino también a quienes tengan un interés legítimo frente a un exceso del poder del Estado.

Uno más se refiere al efecto de las sentencias, la reforma extiende la protección, inclusive a personas que no participaron en el litigio, tuvimos recientemente el caos de los prisioneros del Seguro Social que solicitaban sus ahorros en el INFONAVIT, cada uno tuvo que solicitar su propio amparo, en el futuro un amparo servirá a todos; el caso ya se resolvió de otra manera, sólo lo cito como ejemplo. Sin embargo, una parte de su contenido ha generado una reacción en el sector empresarial, es el tema de la suspensión del acto reclamado, parte fundamental del juicio de amparo, no es que desaparezca la suspensión, pero la nueva ley establece algunos casos en que no operará, uno de estos casos es cuando la suspensión, obstaculiza al Estado la utilización y aprovechamiento de bienes de dominio directo señalados en el artículo 27 de la Constitución, este artículo tiene que ver con las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal para el uso de ciertos bienes públicos, como son las concesiones de radio, de telefonía, de televisión.

Para decirlo con claridad, algunos concesionarios podrían tener el temor de que un día de estos se les cancele alguna concesión para explotar una mina o una franquicia de servicio telefónico y no dispongan de la suspensión para defenderse de la acción gubernamental.

El Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión en la que están afiliadas las dos grandes televisoras, Televisa y Tv Azteca y en general toda la industria, se reunió ayer mismo a medir el impacto de los cambios, los acompañó el presidente de Acción Nacional Gustavo Madero; es el próximo presidente también del Pacto por México, es una presidencia circular rotatoria, cambia cada mes, entre los tres partidos que la firmaron, PRI, PAN y PRD.

El presidente de la Cámara es Cristián Canales, vicepresidente de Tv Azteca y emitió un comunicado, ya lo leíste hace un momento, Carmen Aristegui, sólo quiero destacar la parte que dice que analizarán con serenidad y profundidad la nueva ley, pero seguirán haciendo una defensa pro activa de sus legitimo intereses, lo haremos por los causes indicados, sin confrontarnos con la autoridad, fortaleciendo el diálogo y asumiendo una colaboración respetuosa con las instituciones del Estado, palabras muy medidas, pero dejan claro que el sector de la radio y la televisión no está de acuerdo con la nueva legislación, al menos en la parte que afecta a las concesiones .

Carmen Aristegui, conductora: Y aluden en la parte final al Pacto por México.

EGO: Así es.

CA: Interesante y sugerente.

EGO: Así es, como tampoco otros sectores empresariales están de acuerdo con la nueva legislación, ese es mi comentario. Duración 4´55´´, ys/m.