La secretaria de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Lizbeth Rosas Montero (PRD), impulsa una iniciativa para incluir a la ciudadanía en definición y seguimiento de las políticas de seguridad pública.

En conferencia de prensa la legisladora dijo que la propuesta busca, por un lado generar una participación ciudadana que no se autonombre opinión pública o representante de un sector en particular, busca una participación no corporativa y transparente, que se base en la experiencia social, académica y/o de investigación, alejada de la improvisación.

"Se aplicará el principio de primero en tiempo, primero en derecho, además un principio de rotación constante, asimismo la participación social en la prevención del delito, será no sólo una participación consultiva sino una participación empoderada cuyas decisiones y deliberaciones, desemboquen en proyectos, programas o acciones vinculantes para las instituciones competentes", dijo.

La diputada afirmó que con su iniciativa no se propone crear nuevos "elefantes blancos inoperantes y onerosos", sino se busca optimizar el recurso de áreas estratégicas y dotarlas del elemento de participación ciudadana, no con la finalidad de legitimarse sino con la finalidad de obtener el punto de vista, enriquecedor, de la sociedad civil que ha trabajado este tema con antelación, así como dará seguimiento a los proyecto y programas en esta materia.

Se trata del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la que se prevé priorizar la prevención, antes que la reacción, a través de dotar de voz y voto a los ciudadanos.

Acompañada del coordinador del PRD, Silvano Aureoles, destacó que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), jóvenes entre 14 y 21 años están involucrados en 78% de los delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, son jóvenes de sectores marginados que viven desde temprana edad expuestos a la violencia; 44% de los jóvenes de 12 a 29 años son pobres, lo que comprende a casi 20 millones, de los cuales 60% viven en el campo.

Rosas Montero agregó que, las cifras delictivas son alarmantes, pues tan sólo en enero pasado se registraron 112 mil 400 robo con y sin violencia, dos mil 409 homicidios, 98 secuestros y 896 violaciones, sólo por mencionar algunos delitos que registra la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada -integrante de la comisión bicameral de Seguridad Nacional- rememoró que en días recientes el titular del ejecutivo presentó las Bases del Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial, el cual se sustenta -según se puede leer-, en la Ley actual publicada en el diario oficial de la federación el pasado 24 de enero de 2012.

Sin embargo, ni en la ley ni en el programa se especifica cómo habrá de participar la ciudadanía, es una prevención social una vez más desde el escritorio y desde la óptica gubernamental exclusivamente y, lamentablemente en el programa nacional de prevención social del delito se repite esta constante, no se explica claramente qué hará la ciudadanía.

Rosas Montero detalló que las reformas buscan generar un marco legal de coordinación de diversas instituciones municipales, estatales y federales en materia de prevención al delito, generar un marco legal de coordinación de diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, Comités ciudadanos y demás organizaciones ciudadanas que realicen trabajo en materia de prevención al delito.

Asimismo, promover la cultura de la legalidad y el acercamiento entre autoridades y sociedad civil, así como propiciar la creación de órganos colegiados que contemplen tanto a la sociedad civil como a las autoridades responsables con la finalidad de que estos órganos propongan políticas de prevención del delito a nivel federal, estatal y municipal. /gh/m