Roberto Garduño y Enrique Méndez, reporteros: El pleno de la Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. La propuesta contempla reformar, también, el Código Federal de Procedimientos Penales, con objeto de restaurar derechos a las víctimas de violaciones a las garantías individuales o aquellos afectados por los delincuentes.

Al darse a conocer desde la Mesa Directiva a los legisladores en el salón de plenos cameral, el presidente del órgano directivo, Francisco Arroyo Vieyra, ordenó a la secretaría del Pleno, turnar el documento a la Comisión de Justicia para su análisis y estudio y posterior dictaminación.

De esta forma, el proceso legislativo en San Lázaro, para dar celeridad a la elaboración de un dictamen, se acelerará en las próximas semanas, pues los diputados pretenden ratificar la ley antes del 30 de abril.

El contenido de la minuta establece, entre otras cosas, que las víctimas deberán ser atendidas en sus requerimientos y corresponde al gobierno federal garantizar, en el ámbito de su competencia el cabal cumplimento de la ley y de los instrumentos internacionales aplicables.

Ahora los diputados deberán aportar criterios sobre las propuestas vertidas en la minuta, una de las cuales tiene que ver con las víctimas potenciales, para establecer con precisión, que a los defensores de las víctimas se les debe otorgar protección, como pleno derecho al denotarse amenaza a su vida y a su libertad.

También se introduce en el contenido de la minuta el concepto de víctimas indirectas, que se plasmaría en los familiares o aquellas personas a cargo de las víctimas, y que tengan relación inmediata con ella.

En este tenor también se enuncia el concepto de hecho victimizante para indicar que son los actos u omisiones que dañen, menoscaben o pongan en peligro aquellos bienes políticos o derechos de las personas, colocándola en el ámbito de las víctimas.

De tal manera que ahora se espera que los diputados aprueben la minuta, en la Comisión de Justicia, para someterla al Pleno cameral en un plazo de cuatro semanas a más tardar. dlp/m