La bancada del PRI en la Cámara de Diputados confió en que el Senado apruebe antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones, las leyes Minera y de Coordinación Fiscal para que todas las empresas del sector paguen anualmente cinco por ciento de sus ganancias a estados y municipios donde se encuentran asentados los polos de extracción, con el fin de desarrollar programas de educación, generación de infraestructura pública, agua potable y alcantarillado.
El vicecoordinador del PRI, Marco Antonio Bernal, explicó que los recursos estarán blindados, pues no se podrán utilizar en gasto corriente o burocracia gubernamental.
Comentó que anteriormente las mineras daban una especie de “dádiva” a los comunidades; sin embargo, con esta ley estarán obligados a redituar a los poblados.
“No hay que olvidar que los metales son recursos de la nación y que las compañías llegan, los extraen, se benefician de ellos y la mayor cantidad de veces las compañías no invierten en las zonas de extracción, pese a que usan la infraestructura de los pueblos. Por eso esperamos que en el Senado les dé tiempo en estas últimas sesiones de aprobar la minuta”, dijo.
La reforma aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados con 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, refiere que actualmente las empresas mineras se ven beneficiadas por la Ley de Coordinación Fiscal y solo cubren derechos por la explotación y aprovechamiento, que no son acordes con los ingresos que las empresas ganan tras la explotación del subsuelo.
La iniciativa propone que los concesionarios que lleven a cabo la explotación y que por tanto produzcan y comercialicen minerales o sustancias sujetas a la regulación de la ley en la materia, deberán de cubrir por concepto de compensación cinco por ciento sobre la cantidad que resulte de disminuir de los ingresos acumulables de las empresas mineras, las deducciones normales y propias de la actividad.
Así, el Estado mexicano obtendría una recaudación constante, conveniente y cierta para sus planes y proyecciones a mediano y largo plazos, y no se ahogaría a las empresas mineras imponiéndoles un derecho calculado sobre una base incorrecta, porque las ventas representan el final del proceso productivo, y no obstante, de ellas se recuperan todos los costos de extracción y producción de los minerales.
De tal forma, 30 por ciento de la recaudación formará parte del fondo de participaciones que controla el gobierno federal y 70 por ciento restante se destinará para constituir el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. agb/m