Fernando Damián E Israel Navarro, reporteros: La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para imponer multas de hasta 300 días de salario mínimo (19 mil 428 pesos) a las autoridades escolares que impidan el ingreso, retengan documentación o condicionen la permanencia de cualquier alumno en las escuelas al pago de las cuotas escolares.

Avalado con 380 votos a favor, 50 en contra y 12 abstenciones, el proyecto será turnado este mismo martes al Senado de la República para su análisis y discusión.

En representación de Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón expresó su rechazo tajante al “intento de criminalizar a profesores y padres de familia”, mientras Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, tachó la propuesta de draconiana y excesiva, al tiempo de fijar el posicionamiento de su bancada en contra.

Desde la tribuna parlamentaria, el legislador priista Gerardo Hernández, así como los perredistas Margarita Tapia y Fernando Belaunzarán, defendieron la gratuidad irrestricta de la educación pública, y respaldaron por ello la iniciativa del diputado Tomás Torres, del PVEM, que originalmente proponía una pena de entre tres días y tres años de cárcel, además de las multas referidas.

El dictamen de la Comisión de Justicia adiciona el artículo 215 Bis del Código Penal Federal, para establecer:

“Se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, o retenga documentación o condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie”. dlp/m