La diputada Leticia Calderón Ramírez advierte sobre la necesidad de acotar la figura de testigo protegido a fin de evitar su utilización “indiscriminada y sesgada”, como al parecer sucedió durante la administración federal pasada, y que se pueda afectar a gente inocente.

“A la Cámara de Diputados corresponde actualizar el marco normativo para cerrar el paso al uso indiscriminado de la figura coloquialmente conocida como testigo protegido, y establecer los ‘candados’ necesarios a fin de evitar que personas que hayan cometido algún delito participen en procesos penales que inclusive pudieran afectar injustamente a terceros.”

Así se pronunció la diputada federal del PRI en entrevista telefónica, en relación con la información publicada por Excélsior sobre la utilización de alrededor de 379 testigos colaboradores durante la administración del ex presidente Felipe Calderón.

Al recordar diversos casos de relevancia nacional como el llamado “michoacanazo”, que involucró a diversos funcionarios públicos y que a la postre debieron ser liberados, la legisladora mexiquense abundó que esta figura jurídica incluso debe apuntalarse.

A manera de ejemplo, señaló que el testimonio de estos personajes sólo podría admitirse y considerarse válido como elemento probatorio, siempre y cuando existan otros indicios o evidencias que permitieran ratificar su dicho.

Reflexionó Calderón Ramírez que la utilización del Programa de Testigos Protegidos debiera además privilegiar como resultante la desarticulación del crimen organizado, más que la sola afectación personal o individual, pues ello abre y sugiere la posibilidad de su manejo con tintes puramente políticos.

Destacó además la percepción social de que integrantes de este programa son generalmente utilizados como testigos de cargo y sólo con efectos colaterales de descargo o en beneficio de las víctimas; no obstante, confió la legisladora en que el trabajo que desarrolla Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República alienta la expectativa de que habrá de velar por que la actuación de esa instancia esté invariablemente apegada la ley, particularmente cuando en los procesos intervenga esta figura. agb/m