La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza un punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República, Jesús Murillo, a investigar la instrumentación de la figura de "testigos protegidos", en los últimos dos sexenios.

El acuerdo presentado por la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente también propone que la Procuraduría General de la República (PGR) remita un informe pormenorizado sobre el caso al Poder Legislativo.

El documento, que fue turnado a la Primera Comisión de esa instancia legislativa, destaca el gasto utilizado en el pago de los llamados testigos colaboradores o protegidos y la nula eficacia de sus argumentos y declaraciones, para sustentar procesos contra presuntos delincuentes.

El acuerdo promovido por senadores y diputados del PRI exhorta también al titular de la PGR "a que inicie investigaciones en contra de los, servidores públicos que, en su caso, hayan utilizado dolosa o imprudencialmente información de testigos protegidos para inculpar a personas inocentes".

En los argumentos de la propuestas se indica que "con el supuesto propósito de combatir a la delincuencia organizada, principalmente a los cárteles del narcotráfico, las instituciones de procuración de justicia han hecho uso de instrumentos y acciones que a todas luces han violado los derechos humanos de las personas: los programas testigos protegidos son ejemplo fidedigno de lo anterior".

Agrega que en las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), se erogaron más de 178 millones de pesos para cubrir diversos gastos relacionados con 614 personas que colaboraron con el gobierno federal.

Considera que "la figura de los testigos protegidos ha sido utilizada de manera irresponsable. El caso del general Tomás Ángeles Dauahare, aprehendido en mayo de 2012 acusado de mantener vínculos con el crimen organizado y posteriormente su liberación por falta de pruebas, muestra que la Procuraduría General de la República y la extinta Secretaría de Seguridad Pública manipularon políticamente su detención".

Refiere que otro caso fue cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en mayo de 2009 y con la información obtenida de un informante, arraigó a 12 presidentes municipales y varios funcionarios del gobierno de Michoacán, a los que acusó de nexos con la delincuencia organizada.

"Posteriormente, como todos sabemos, tuvieron que ser dejados en libertad por la falta de pruebas", destaca el acuerdo que se prevé sea analizado y, en su caso, aprobado la próxima semana por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. /gh/m