El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Zárate, reiteró que es viable su propuesta para reglamentar el artículo 29 constitucional, que implicaría la suspensión de garantías en puntos del país donde la operación de la delincuencia y la inseguridad, superen a los gobiernos locales o municipales.

Al defender su proyecto, el legislador integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, señaló que el Gobierno Federal debe admitir que se vive en una situación de emergencia que obliga a tomar medidas contundentes contra fenómenos que alteran el orden público y ponen en peligro los derechos fundamentales de la población, como la propia vida.

En el marco de la aparición de grupos de autodefensa en algunos estados de la República como Michoacán y Guerrero; así como la creciente operación del narcotráfico en zonas del norte del país, donde los ciudadanos ya no pueden circular libremente en las carreteras o bien, se ven obligados a dejar sus casas, pertenencias y negocios por extorsión y amenazas del crimen organizado, el legislador perredista enfatizó que es preciso que los gobiernos federal y locales, admitan la problemática.

Lamentó que la administración federal aún no haya hecho nada para reconocer que el país atraviesa por una crisis de inseguridad, que si bien no es generalizada, obliga a tomar medidas firmes y claras para atender la situación.

Para señalar la importancia de su planteamiento, pidió cuestionarse si en las carreteras del norte del país, es seguro o posible circular después de determinadas horas, por la tarde o por la noche. Al responder que no, dijo que eso significa que no existen condiciones para mantener vigentes las garantías fundamentales.

En tono crítico, agregó que los gobernadores “que se comportan como caciques”, también deberían reconocer que en algunos de los territorios a su cargo no hay garantías para la población y por ende, lo conducente es declarar la suspensión de las mismas, a fin de implementar una intervención urgente, integral y debidamente supervisada.

Puntualizó que su propuesta, implica que el Presidente de la República e incluso gobernadores y alcaldes, tengan la facultad de solicitar al Congreso autorizar la suspensión de garantías por determinado tiempo y determinados lugares.

La petición deberá acompañarse, apuntó, de las medidas específicas a tomar para contrarrestar el estado de violencia que pone en riesgo los derechos básicos y libertades de los ciudadanos.

La intervención del Legislativo, explicó, tiene como fin servir de contrapeso y mantener tanto el control como una clara coordinación sobre los mecanismos por aplicar para devolver la estabilidad y gobernabilidad a los territorios afectados.

Agregó que el decreto de reglamentación del artículo 29 de la Carta Magna, indica que el Ejecutivo Federal podrá actuar directamente, sin esperar a que el Congreso de luz verde, en situaciones específicas, especiales y urgentes, en las que no haya posibilidad de esperar una resolución del Legislativo.

Ello, con la condición de que se entregue a los legisladores un informe posterior sobre los resultados y medidas aplicadas para recuperar la paz en los sitios en que se suspendan las garantías de la población.

Puntualizó que la violencia en el país no es generalizada, pues hay zonas dentro de un mismo estado, como Michoacán, donde persisten condiciones de paz y garantías básicas, como la vida de los habitantes.

Apuntó que por ello, la suspensión de garantías dependerá del grado de riesgo para la población y habrá ocasiones en que solo se suspendan ciertas garantías, como la circulación a determinadas horas, por ejemplo.

Dijo que la normatividad contempla especificaciones particulares para acciones como la instalación de retenes policíacos y militares, cuyo fin será preservar la vida del ciudadano.

En tales casos, los ejecutores de los puestos de retención, ya sean policías o militares, deberán actuar bajo protocolos determinados que sean del conocimiento pleno de la ciudadanía y el Legislativo, a fin de evitar violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad. ys/m.