La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso, una propuesta de reforma para que los funcionarios públicos, incluso legisladores, estén obligados a revelar su situación patrimonial, sin que ello signifique un peligro para su seguridad.

La iniciativa de reforma al artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, planteada por el diputado Fernando Zárate, indica que el funcionario público deberá dar a conocer el monto de sus bienes a través de una “versión pública” que no incluya sus datos personales, de su cónyuge, sus dependientes económicos o terceros”.

El legislador señaló que al promover dichos cambios, se cumplirá el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, sin comprometer la integridad del servidor público.

Aseguró que el Estado debe combatir la corrupción y un instrumento, es la presentación y publicación de declaraciones patrimoniales de quienes tienen acceso, manejan o perciben salarios pagados con el erario público.

“La publicación de la información relativa a la situación patrimonial, no contendrá datos personales del servidor público, de su cónyuge, dependientes económicos o terceros, para lo cual la Secretaría realizará una versión pública de este registro”, indicó, sería la redacción del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades.

De ese modo, se promoverá una mayor transparencia en el uso de recursos públicos, con el fin de evitar la corrupción y el uso ilícito del presupuesto.

Luego de que el Congreso de la Unión argumentara que el artículo 40 de la ley señalada, le impide dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales, a menos de que éstos lo autoricen, Zárate Salgado agregó que es preciso reformar la normatividad para que los legisladores, se sumen a un ejercicio de transparencia necesario para el país.

Recalcó que tras el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de un amparo en la materia y en torno al cual se resolvió que no se puede obligar a los funcionarios a hacer público el contenido de sus declaraciones patrimoniales, se debe sopesar entre dos derechos: el de los ciudadanos al acceso a la información y el de la protección de datos personales de funcionarios públicos.

Ante tal dilema, recalcó que su planteamiento permitirá establecer “un perfecto equilibrio entre el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales”.

A través de una versión pública de las declaraciones patrimoniales de los legisladores y cualquier otro funcionario, agregó, se puede resguardar y proteger los datos personales del sujeto, y al mismo tiempo, cumplir el derecho de los ciudadanos a la información.

Recordó que desde 1997, México firmó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, instrumento que establece como mecanismo de combate a ese flagelo, la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. ys/m.