La Cámara de Diputados, aprobó con 453 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión, a emitir un Código de Procedimientos Penales Único.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, indicó que el tema es sumamente relevante, ante la pluralidad de normas procesales penales que derivan en injusticias y arbitrariedades en la aplicación de la ley.

Con la reforma, aseveró el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se fortalecerá el “debido proceso”, con miras a culminar la reforma al sistema de justicia penal aprobada desde el 2008; aunado a que se propiciará una administración de justicia eficiente, con respeto a los derechos y con seguridad jurídica y trato igualitario para los mexicanos.

Ello, apuntó, evitar que haya distintas formas de penalizar en el país, habrá certeza jurídica para los involucrados en casos judiciales y en especial, garantías para la víctima.

La normatividad aprobada, informó el diputado presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo, será turnada de inmediato a las legislaturas de los estados, para dar continuidad al procedimiento legislativo y constitucional.

En el debate, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Loretta Ortiz, propuso que a la reforma se integrara la federalización de delitos contra periodistas, contra la libertad de expresión, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los feminicidios, entre otras faltas.

Lo anterior, dijo, para evitar casos que no se lograron resolver en la justicia mexicana, como el del Campo Algodonero, referente al asesinato de mujeres y que se dirimió en instancias internacionales. Su moción no prosperó.

También expresó su preocupación por los mecanismos alternativos de resolución de sentencias, pues el documento no establece limitantes, para evitar que delitos graves se libren pagando compensaciones por el daño.

El diputado del PRD, Fernando Zárate, aseveró que la reforma beneficiará a los ciudadanos, al homologar los procedimientos en materia penal, como un paso más hacia la integralidad del sistema.

Remarcó que el paso siguiente, será aplicación de la ley y poner especial atención en la protección de derechos de la víctima y en figuras como los testigos protegidos y el arraigo. Agregó que falta establecer en la normatividad, qué tratamiento deberán tener los temas de seguridad pública, la suspensión de garantías constitucionales y el desempeño de las fuerzas armadas en ese tipo de acciones.

Por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Fernando Angulo, afirmó que la situación de inseguridad en el país ha propiciado que el sistema de justicia en México sea muy poco eficiente.

Calificó como inaceptable que a 5 años de aprobada la reforma al sistema de justicia, ni la mitad de los estados tengan una norma adecuada, pues persisten 33 legislaciones adjetivas con 33 criterios diversos, que generan oportunidades a los delincuentes para evadirse.

La unificación de criterios, subrayó, permitirá mayor coordinación en el combate al delito y que los impartidores de justicia tengan una actuación más certera, respeten el derecho al debido proceso del implicado y las garantías de las víctimas. La reforma, enfatizó el diputado Angulo, es histórica

Por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Delvim Fabiola Bárcenas coincidió con el diputado del PAN, al aseverar que la situación de inseguridad en el país, ha provocado fallas en la atención a la víctima del delito; así como una clara ineficiencia en las instancias de justicia y que los delincuentes “sigan caminando impunes por la calle”.
La diversidad de códigos de procedimientos, aseguró, ha “dispersado” la aplicación de la ley e impedido a la ciudadanía ejercer y proteger sus derechos.

Dijo que los cambios constitucionales en puerta, permitirán fortalecer el sistema penal y proteger de mejor manera quien ha sido víctima del delito o que ha sido victimizado por servidores públicos. ys/m.