Tras el anuncio del Presidente de la República, respecto a que se integrará al empleo formal a 200 mil de los 28 millones de personas que laboran en el sector informal, el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Javier Salinas, consideró que la iniciativa es válida y no se descalifica.

Agregó que el Legislativo debería emprender acciones similares, a fin de integrar al esquema de trabajo formal, a miles de trabajadores que se desempeñan en el recinto parlamentario, pero están contratados por honorarios y por lo tanto, carecen de prestaciones y estabilidad laboral.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calculó que son aproximadamente 5 mil personas las que cobran por honorarios en San Lázaro, por tanto, no cuentan con los beneficios que marca la ley.

Al demandar que los hacedores de las leyes comiencen a poner remedio al tema de la informalidad “en su propia casa”, el diputado Salinas Narváez lamentó que quienes promueven el respeto a los derechos de los ciudadanos, sean también los primeros en violentarlos.

El legislador señaló que por congruencia, las autoridades de la Cámara de Diputados deberían emprender un plan de regularización de sus trabajadores.

“Si se quiere acabar con la informalidad el Gobierno debería empezar por la casa y cumplir con los transitorios de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 para formalizar a todas las contrataciones por honorarios que no dan seguridad social”, afirmó.

Añadió que si el Programa para la Formalización del Empleo 2013, lanzado por el Ejecutivo Federal se cumple, podría representar un paso adelante en el combate a la informalidad y en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Se pronunció a favor de que ese tipo de iniciativas, para abatir la informalidad y reconocer las garantías laborales en pleno, se establezcan de manera permanente, y no solamente formen parte de decisiones de coyuntura, para paliar los efectos de la crisis económica.

Recalcó que en México, se estima existen al menos 500 mil trabajadores que perciben un sueldo proveniente del sector público, pero no están dados de alta en ninguna institución de seguridad social, por lo que se podría considerar que enfrentan las mismas condiciones que el resto de los trabajadores informales.

Entre dichas personas, aseveró, se encuentran los aproximadamente 5 mil empleados por honorarios de San Lázaro; así como más de 70 mil médicos, enfermeras y trabajadores sociales “subcontratados” en instancias como el Seguro Popular.

Añadió que la comisión a su cargo, buscará reunirse con funcionarios de las Secretarías de Trabajo, Hacienda, el IMSS y el ISSSTE, para que brinden más detalles sobre el anuncio hecho por el Primer Mandatario.

El fin será conocer cuándo arrancará el programa, con qué recursos se sustentará, a qué instituciones de seguridad social serán canalizados los 200 mil empleados, en qué condiciones se regularizará su situación y con qué salarios y puestos serán registrados.

A modo de sugerencia, el diputado del Sol Azteca indicó que el Gobierno Federal debería emprender una acción complementaria, para que todos los ciudadanos mayores de 65 años de edad tengan acceso a una pensión, con lo que se beneficiaría a 10 millones de adultos mayores. Duración 00’’, nbsg/m.