Elizabeth Velasco C, reportera: La secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Claudia Elizabeth Bojórquez, afirmó que la propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto es una clara privatización del petróleo. Por ello, dijo, el PRI modificó recientemente sus estatutos, para así avalar una modificación al artículo 27 constitucional, el cual a la fecha especifica que la riqueza del subsuelo en nuestro territorio es de uso exclusivo de la nación.

"El PRI prefiere traicionar los principios de su partido, legados por el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, que apostar a la profesionalización del sector petrolero, así como a la inversión en la creación de nuevas refinerías".

La diputada del PRD afirmó que Pemex requiere sólo una reforma fiscal para que sus recursos puedan ser reinvertidos en la refinación del crudo; no una privatización que afectaría la economía de los mexicanos.

“Si refinamos nuestro propio petróleo, el Estado tendría más ganancias que cobrando tantos impuestos a la paraestatal, la cual entrega al fisco 70 pesos de cada 100 que obtiene”.

Calificó de “contradictorios” los argumentos peñistas respecto a la transparencia que busca la reforma del Ejecutivo federal en Pemex. “Resolver gran parte de la corrupción en la paraestatal se pudo hacer cuando en la reforma laboral se tocó el tema de la democracia sindical, pero el PRI echó atrás toda posibilidad de corregir a uno de los sindicatos (el petrolero) más irregulares y corruptos del país”.

Aparte, el diputado de la Comisión del Distrito Federal, Carlos Augusto Morales López, indicó que datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacan que la generación de electricidad ya se concentra en permisionarios privados con capitales de origen extranjero.

"El servicio público está siendo desplazado gradualmente con los costos que significa sostener una planta productiva subutilizada y una estructura de tarifas que afectan al consumidor".

Dijo que en el marco de la reforma energética que se propone, se debe revisar ese tema, y definir la creación de una tarifa social acorde a los distintos sectores de la población, además de considerar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. dlp/m