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• Los turistas que prefieren deportes náuticos generan dos millones de empleos: diputada Irma Figueroa

A raíz de que en México el turismo generó 10 mil millones de dólares por concepto de gastos de visitantes internacionales, de los cuales en su mayoría son turistas náuticos, quienes generan 2 millones de empleos y polos de desarrollo económico en el país, la diputada Irma Figueroa Romero (PRD) presentó iniciativa que reforma la Ley Federal de Derechos, con el objeto de adecuar la legislación en materia de pesca deportiva recreativa.

La legisladora perredista señaló que lo primordial es que los pescadores que viven en la misma zona se conviertan en prestadores de servicios turísticos y estén exentos del pago por ejercer dicho derecho.

Agregó que el objetivo de esta propuesta es con el fin de perfeccionar la oferta turística nacional, así como corregir las desviaciones o fallas en la promoción turística y crear un marco normativo que permita la difusión de esta industria.
Resaltó que la situación geográfica del país al ser vecinos del primer país emisor de turistas a nivel mundial, al ser el cuarto país megadiverso en materia biológica y sus ecosistemas, así como la cultura y tradiciones, pronostican que se tiene que mejorar la industria turística en el denominado turismo náutico.

Figueroa Romero indicó que México es hoy en día el primer receptor mundial en viajeros por cruceros, lo que representa un arribo de más de 5 millones de cruceristas en diversos puntos del país.

Reconoció que en el noroeste de la República se están llevando a cabo trabajos tales como el proyecto del Mar de Cortes, el cual contempla la construcción de 22 marinas en los próximos 10 años, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, lo que generaría 10 millones de turistas náuticos en un plazo de 15 años.

Añadió que "no existe ninguna política en apoyo de la pesca deportiva recreativa, por lo que se le llega a considerar como una actividad elitista, cuando en realidad es de las alternativas más propicias y económicas para el desarrollo regional".
La diputada recalcó que con una adecuada legislación en materia de pesca deportiva se podrá lograr un aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, lo que permitirá una productividad óptima y sostenida de la pesca, tanto deportiva, recreativa y comercial, generando así un mayor número de empleos e incrementando el valor de las cadenas productivas regionales.

Subrayó que el impacto socioeconómico de esta actividad va más allá de la recaudación fiscal por concepto de ingresos, ya que incluye la construcción y venta de equipo auxiliar, la industria de fibras sintéticas y material para los cascos de las embarcaciones, la industria de motores, la de remolques y herrajes.

Argumentó que tan sólo en el suroeste de los Estados Unidos hay 52,000 embarcaciones que reúnen las características y condiciones para visitar el Mar de Cortés, por lo que el valor de la pesca deportiva podría estimarse en 1000 millones de dólares.

Estableció que la generación de empleos sería muy considerable, tanto en los directos como en los indirectos, constituyendo una expresión muy valiosa del desarrollo regional, a lo que se debe sumar esfuerzos permanentes en el estudio del impacto ambiental y la disposición de especies para captura.

Figueroa Romero aseguró que "la pesca deportiva recreativa es una opción para miles de pescadores que no tienen acceso a otras pesquerías por su saturación, lo que permitiría convertirse en prestadores de servicios turísticos, y con esto poder hacer más moderna y competitiva su flota, con lo cual se lograría el control de permisos, el desarrollo de la actividad y se fortalecería la seguridad de los turistas y los pescadores".

Finalmente expuso que la Ley Federal de Derechos señala, en el artículo 191 E, que el cobro para realizar la pesca deportiva tiene que ser menor al equivalente de 3 dólares por día.

Respecto a ello reconoció que el pago de esta cuota se dificulta porque hay que hacerlo en horas de oficina y sólo en un sitio, lo que desanima a los viajeros a realizarlo, por lo cual se propone la exención de este pago para quien lo practique en un barco o yate, destinado a esta actividad, quienes pagan cercana de los 4000 pesos anuales al erario público.