El respeto y defensa de los derechos humanos es una tarea ineludible de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por ello es necesario un análisis, seguimiento y adecuación del marco vigente, a fin de estar en concordancia con los tratados internacionales ratificados por México en este tema.

Así lo manifestó la secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la diputada Leticia Gutiérrez Corona (PRI), al inaugurar el foro La Globalización de la Justicia y Tratados Internacionales, en el Salón Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Gutiérrez Corona sostuvo que en un mundo donde la Globalización es parte del proceso de evolución de los pueblos, la legislación, procuración y administración de justicia no pueden ser ajenas a ello.

Resaltó la importancia de incorporar al país estrategias de políticas públicas y de cooperación internacional encaminadas a lograr una modificación legislativa que permita el combate al terrorismo, delincuencia organizada, tortura, racismo, entre otros.

Pero sobre todo, se debe colocar en el debate de la agenda nacional el respeto a la igualdad, integridad y dignidad de las personas.

"Estamos convencidos de que en la medida que tengamos una legislación acorde con la defensa de los derechos humanos, estaremos en un país que realmente ejerce y practica la democracia", aseveró la diputada.

Más adelante, Patricia Olamendi Torres, subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó la necesidad de aprobar la reforma al Artículo 133 Constitucional, sugerida por el Ejecutivo, ya que está encaminada a tratar de resolver una contradicción entre tratados internacionales y la legislación nacional, para que nuestro país equipare al nivel de la Constitución los tratados en materia de derechos humanos.

"Muchos de los asuntos del pasado quisiéramos que se resolvieran en base al derecho internacional, y esta contradicción en el 133 hace difícil la implementación de estos tratados internacionales", aseguró Patricia Olamendi.

A lo que agregó que la aprobación de esta reforma resolverá un problema complejo, ya que México necesita equiparar su Constitución con las normas internacionales.

Posteriormente, felicitó a la presente legislatura por la aprobación de la reforma que permite a nuestro país formar parte de la Corte Penal Internacional "ya que es un avance muy significativo", puntualizó.

En su oportunidad, Ignacio Carrillo Prieto, Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la Procuraduría General de la República, manifestó que el evento reforzará los instrumentos de una ética de convicción y responsabilidad respecto al tema de los derechos humanos.

Destacó que el objetivo de este encuentro, es reconocer que dentro de todo gobierno se debe exaltar una cultura y práctica hacia sus gobernados del significado y la responsabilidad de cumplir y llevar a cabo tratados internacionales.

Carrillo Prieto reconoció que es de suma importancia la iniciativa del Presidente de la República, en la cual se reúne a especialistas de América Latina y España respecto a la rendición de cuentas de sucesos del pasado; con ello se dará certidumbre y respaldo a la sociedad respecto del tema.

Más adelante, Margarita Zapata Choiseul, especialista en temas de derechos humanos, indicó que los delitos de guerra, violación y violencia en todos sus tipos, así como el impacto en la Globalización en los sistemas jurídicos constituyen una necesidad de actualizar el derecho internacional, para que se encuentre al servicio de la justicia, de la humanidad y de la verdad internacional.

Pidió reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia un régimen internacional que tenga la fuerza y las atribuciones para evitar las guerras y prevenir agresiones a los derechos humanos de manera masiva.

Dijo que ante la globalidad en el mundo, el campo de los derechos humanos constató la necesidad de crear mecanismos e instituciones jurídicas globales como única forma de evitar la impunidad al ser humano.

Más adelante tocó el turno a la doctora Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la República de Argentina y ex integrante del Tribunal Especial para la ex Yugoslavia, quien recordó que la Corte Penal Internacional fue creada para tratar de resolver los conflictos entre los estados.

Sin embargo, agregó, su jurisdicción es voluntaria y el dictamen que emite sólo tiene la fuerza de las convicciones, no es imperativo, siendo éste una de sus mayores limitantes.

De Costa Rica, Rolando Araya, Presidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, argumentó que el problema de fondo es valorar la necesidad de aplicar en todos los casos el derecho internacional, o el derecho interno de cada país, "sin importar si éste es pequeño o grande, si son o no potencias mundiales".

Lamentó y reconoció que los derechos fundamentales se han convertido en mercancías por los tratados de libre comercio, "y están en juego: salud, educación, transporte y vivienda".