• Debe castigar a los agresores y salvaguardar la libertad de expresión

La Cámara de Diputados condenó enérgicamente los recientes atentados en contra de periodistas y a través de un punto de acuerdo, avalado por el Pleno, exhortó al Ejecutivo Federal a que instrumente las medidas necesarias para castigar a los agresores y salvaguardar la libertad de expresión.

El punto de acuerdo, presentado por la Junta de Coordinación Política y suscrito por la diputación priísta del estado de Veracruz, solicita al Jefe del Ejecutivo a que instruya al secretario de Seguridad Pública para que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se emita un acuerdo de coordinación para proteger la libertad de prensa y se diseñe e instrumente un programa de acción de los tres niveles de gobierno, a fin de combatir con rigor y todo el peso de la ley a los agresores de periodistas.

Además, se incluyó la propuesta del Partido Convergencia para que la Procuraduría General de la República atraiga los casos de los periodistas que han sido asesinados y de aquellos que han sufrido agresiones.

El documento de la Junta de Coordinación Política destaca que el asunto es, sin duda, delicado y de interés nacional, ya que las agresiones contra los representantes de los medios de comunicación a nivel nacional han sido constantes.

Expresa también que han sido muchos y muy valiosos los profesionales del periodismo que han sufrido violencia extrema en acciones que permanecen impunes, y que están socavando nuestro sistema de libertades. "Otros, lamentablemente, han perdido la vida".

Al hablar en pro de los puntos de acuerdo, el diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) destacó que existen amenazas contra periodistas de distintos medios y eso basta para identificar que se está gestando un clima amenazante contra los comunicadores.

Indicó que los atentados a los profesionales de la prensa confirman que en la República Mexicana existe una persecución programada contra ellos, más allá de la delincuencia organizada o contubernio por omisión, "por lo que esta Cámara de Diputados no debe continuar, irónicamente, enterándose por los medios, de este nuevo flagelo que se abate para asesinar a los mensajeros de la voz del pueblo".

Aseguró que es responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno dar todas las garantías para el libre ejercicio del trabajo periodístico, particularmente, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, porque se están violentado los contenidos esenciales de los Artículos 5º, 6º, 8º y 16º de la Constitución.

Por su parte, el diputado Pablo Anaya Rivera (PRI) recordó que el 19 de marzo de 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue asesinado Roberto Javier Mora, del Diario El Mañana. El hecho fue vinculado a la delincuencia organizada.

Francisco Ortiz Franco, colaborador del Semanario Zeta, fue asesinado el 22 de junio de 2004, en Tijuana, Baja California, otro hecho vinculado a la delincuencia organizada.

De igual forma, Gregorio Rodríguez Hernández, del Diario El Debate, quien fue victimado a balazos en el mes de noviembre de 2004, en Escuinapa, Sinaloa.

El 2 de abril del año en curso, desapareció el periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Sonora.

En tanto que el 6 de abril, la periodista de la fuente policiaca de Radio Stereo 91, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Guadalupe García Escamilla, fue baleada en las afueras de la emisora. Los impactos fueron dos en el pecho, tres en el abdomen y cuatro en piernas y brazos; está al borde la muerte.

Más recientemente, el viernes 8 de abril, el periodista Raúl Giba Guerrero, director del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien fue acribillado a tiros.

El legislador priísta destacó que la libertad de expresión, el derecho a la información, los periodistas y su trascendente labor en general, deben ser protegidos cabalmente y sin excusa alguna.

Finalmente, el diputado Gustavo de Unanue Aguirre (PAN), a nombre de su grupo parlamentario, apoyó el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política y abordó de forma particular el caso del periodista Alfredo Jiménez Mota, además de solicitar al gobierno de Sonora y a la PGR agilizar las investigaciones que permitan dar con su paradero.