• Sería un Instituto público descentralizado de carácter financiero

La Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa del Ejecutivo Federal, en la que destaca la creación del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como organismo público descentralizado de interés social con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autosuficiencia presupuestal, sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Según la propuesta presidencial, con ello se “garantiza la permanencia de los logros obtenidos en la presente administración en beneficio del desarrollo integral de los trabajadores y de sus familias; se da una visión de la nueva entidad como la institución financiera al servicio de los trabajadores de México y se permite el acceso a otros sectores de trabajadores al financiamiento en condiciones de mercado preferenciales”.

Asimismo, el proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que consta de 33 artículos y 9 transitorios, divididos en cinco capítulos, agrega que se tendrán las condiciones necesarias para crear esquemas novedosos, dinámicos y modernos, sin que impliquen subsidios o el aval del Gobierno Federal y que, a su vez, propicien la corresponsabilidad que tienen los sectores público, social y privado, en el desarrollo económico nacional.

En los capítulos se establecen su estructura, funciones, atribuciones, los órganos para el control, vigilancia y evaluación del Instituto y se contempla la existencia de un Comisario Público y su suplente, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, que se encargarán de vigilar y evaluar su operación. Se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Permisos constitucionales

El Pleno aprobó dictámenes por los que se concede permiso a Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Nicaragua, en Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León; para que Mario Jesús Riestra Venegas y Alfredo Fuentevilla Ruffo, acepten las condecoraciones que les confieren el Presidente de la República Federal de Alemania y el gobierno del Reino de Dinamarca, respectivamente.

Asimismo, Alejandra Fernández Lozoya, Edith Araceli Gómez González, Carla Virginia Padilla Rosales, Octavio Becerra Cortés, César Alberto Domínguez y Alfredo González Castro, fueron autorizados a prestar servicios en las embajadas extranjeras en México.

También aprobaron siete puntos de acuerdo de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, con dictámenes negativos a iniciativas con asuntos de su competencia, porque las propuestas fueron consideradas improcedentes.

Comunicados

Al inicio de la sesión, se dio cuenta de un acuerdo del Congreso del estado de Querétaro, por el que solicita la permanencia y más apoyo al “Programa Paisano”, y remitió iniciativa que reforma y adiciona las leyes General de Salud y Federal de Sanidad Animal. La primera se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la otra a las comisiones de Salud y de Agricultura y Ganadería.

La Cámara de Senadores devolvió dos minutas proyectos de decreto: una, que reforma los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y la otra, que reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud. Se enviaron a las comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y a la de Salud, respectivamente.

De la Secretaría de Gobernación, se recibió solicitud de permiso constitucional, para que Alfonso Barnetche Pous desempeñe el cargo de cónsul honorario de la República Portuguesa, en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo; de las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de Yucatán, se recibieron contestaciones a puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados.

Cambios de diputados en Comisiones: en la de Justicia y Derechos Humanos, entra, como secretario, Miguel Ángel García Domínguez, en lugar de Gilberto Ensástiga Santiago y sale de la de Gobernación, en la cual se da de alta como secretario a Daniel Ordóñez Hernández.