La Comisión Especial para la Reforma del Estado entregó este martes a las Comisiones Unidas de Gobernación, Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales, el predictamen que implica reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y otros ordenamientos jurídicos, a fin de que sea discutido y aprobado por éstas para ponerlo a consideración del Pleno antes de que concluya el presente periodo ordinario.

El presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, José Alberto Aguilar Iñárritu (PRI), afirmó que el predictamen cuenta con el consenso de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, además de que es un documento blindado contra la coyuntura política.

Agregó que de lograrse la aprobación de las reformas al Cofipe, la Cámara de Diputados abriría una nueva época, en la que se antepondrían los consensos para que el país avance.

Destacó que México necesita de un nuevo formato de participación por parte de los partidos políticos y de la ciudadanía, en donde se privilegie el diálogo y la concertación honesta y respetuosa, la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la austeridad, la equidad, la representatividad y sobre todo la protección del interés supremo de la nación.

Por su parte, y al recibir el predictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Julián Angulo Góngora (PAN), destacó que al interior de ese órgano legislativo se hará una revisión a la brevedad para que esté en condiciones de ser puesto a consideración del Pleno en el presente periodo y se pueda garantizar la solución a todos aquellos reclamos de la ciudadanía en materia electoral.

A su vez, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Jaime Moreno Garavilla (Convergencia), se congratuló por el consenso que registra la propuesta de reforma electoral, aunque también sugirió alentar la participación de la población, inyectar una dosis de confianza muy importante en ésta y para ello debe haber congruencia histórica, pues de lo contrario “nos acercaremos a estadios indeseables”.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Socorro Díaz Palacios (PRD) celebró la conclusión del predictamen por parte de la Comisión de la Reforma del Estado, sin embargo, dijo que después de los acontecimientos ocurridos en esta Cámara de Diputados el 7 de abril, las elecciones del 2006 estarán esencialmente deslegitimadas si no se corrige “el atraco a la voluntad popular” y contra la elección de elegir que tienen todos los mexicanos.

Está en cuestión, agregó, la posibilidad de elecciones libres, además de que existe en estos momentos, “no sólo un ambiente enrarecido, sino un ambiente político democráticamente degradado por parte de los actores que han cometido un acto de golpe duro en contra de las posibilidades de que en México se realicen elecciones legítimas en el 2006. Hay un grave problema en contra de la democracia mexicana”.

Tras hacer un reconocimiento al esfuerzo de los diputados que integran las tres comisiones, El diputado Pablo Alejo Núñez (PAN) hizo votos para que el trabajo realizado en los últimos seis meses, se convierta en una realidad que conlleve a fortalecer la democracia en nuestro país.

Además, añadió, las instituciones electorales están preparadas y la ciudadanía y la democracia están plenamente maduras para que el proceso del 2006 culmine de forma amplia. “Estoy seguro de que los hechos coyunturales que han ocurrido en los últimos días nada tendrán que ver en el proceso del 2006 y se mostrará al mundo que nuestra democracia ha madurado”.

El predictamen entregado a las Comisiones Unidas señala que para consolidar los avances alcanzados en la transparencia, equidad e imparcialidad de las elecciones que han permitido avances indudables en la transición democrática, y para evitar que las omisiones de la legislación actual debiliten los objetivos que guiaron a las reformas electorales anteriores y a las autoridades electorales, es indispensable llevar a cabo una nueva reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a otros ordenamientos jurídicos que tomen en cuenta la experiencia nacional en la materia y las experiencias en el plano internacional.

El predictamen aborda aspectos como la austeridad en las campañas, equidad, la protección del interés público, transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos, prevención de la corrupción, la disminución de los costos de las precampañas, la reducción de la estructura del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la reducción de los tiempos de campaña, La fiscalización de los recursos a los partidos políticos, supresión del secreto bancario, fiscal y fiduciario.

En cuanto a los medios de comunicación, se plantea que el Instituto Federal Electoral creará una comisión integrada por representantes de los partidos políticos nacionales, así como integrantes de las comisiones de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas y la de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para convenir las tarifas comerciales, durante el año electoral respectivo, con concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

Una vez agotado el fin para el que fue creada, la comisión se disolverá, creándose nuevamente durante el siguiente año electoral. Además, propone que las tarifas comerciales convenidas por la comisión serán las contratadas por los partidos políticos nacionales para la difusión de mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales.

Asimismo, el Instituto Federal Electoral deberá informar oportunamente y en condiciones de equidad, a todos los partidos políticos, las diferentes modalidades y tarifas comerciales de los servicios ofrecidos por las empresas concesionarias y permisionarias de radio y televisión.

“La contratación de los servicios es atribución exclusiva de los partidos políticos y el pago será facultad del Instituto Federal Electoral, quedando prohibido a los servidores públicos, al personal del Instituto y a los concesionarios dar a conocer la información relativa a los tiempos y horarios contratados de medios de comunicación que realicen los partidos políticos”.