• El número de personas mayores a 65 años se duplicará en dos décadas

El Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados, reconocen que hay riesgos ciertos, ajenos a voluntades o ideologías particulares que obligan a actuar con prontitud y determinación para evitar que se colapse el sistema pensionario nacional, en detrimento de todos, en especial de quienes están bajo su amparo, destacó el Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía, Manlio Fabio Beltrones.

En el marco de la mesa redonda Actualidad y Futuro de los Sistemas de Pensiones, el diputado Beltrones indicó que en nuestro país el número de personas con 65 años o más se duplicará en los próximos 20 años y hacia el 2020 habrá 14 adultos mayores por cada 100 trabajadores en edad productiva.

Explicó que “las expectativas de vida eran distintas a las que hemos construido con nuestro sistema de seguridad social vigente y por ello, los parámetros sobre los que se planearon aquellos sistemas no son los mismos que nos ubican hoy en el estudio sobre qué es lo que debemos hacer para resolver este problema”.

Como consecuencia, agregó, las instituciones básicas de la seguridad social como el ISSSTE y el IMSS presentan pasivos gigantescos que alcanzan cientos de miles de millones de pesos y crecen cada día.

Manlio Fabio Beltrones aseguró que existen pocos temas como éste de las pensiones, que desafían nuestra capacidad de encontrar soluciones a la vez viables y justas a las necesidades y demandas de la sociedad.

“Todos reconocemos que existen obligaciones y derechos, pero sobre todo, conquistas de la más alta prioridad social, sabiendo también que preservarlos y fortalecerlos exige atender las nuevas circunstancias a que están sujetos”.

Se trata, añadió el diputado priísta, de enfrentar los retos y disyuntivas que generan la dinámica demográfica, la elevación de la esperanza de vida y los rezagos acumulados de los sistemas vigentes, pero sobre todo, de enfrentarlos y resolverlos con eficacia, en consenso y con visión de largo plazo y genuino sentido de justicia.

En este sentido, mencionó que la política debe estar enfocada para superar la fría presión de los hechos que desbordan la actual capacidad de respuesta en materia de pensiones y seguridad social.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Alonso Raya, resaltó que el país requiere de reformas responsables que tengan como base un proceso de construcción de amplios consensos.

Es decir, explicó, “las reformas a los sistemas de pensiones no pueden quedarse solamente atendiendo el problema de los ingresos y egresos, tienen que abordar, sobre todo, la viabilidad política y social”.

“La reforma al sistema de pensiones tiene que ser gradual, no puede ser de golpe y para siempre, sino a través de un proceso similar al que se dio en Brasil, donde hubo la construcción de acuerdos entre todos los actores políticos, económicos y sociales; el liderazgo del presidente de la República y la elaboración de una reforma que no mande a los pensionados a cuentas individuales y donde el Estado no se exima de la responsabilidad de las pensiones”, subrayó.

El diputado perredista dijo que no ayuda en mucho los escenarios de alarma, los catastróficos, donde los mismos funcionarios señalan que si no se logra una reforma, entonces el ISSSTE o el IMSS se derrumban.

En consecuencia, afirmó, “hacemos reformas precipitadas, que se imponen y que no funcionan, como la que se hizo recientemente al IMSS, en julio del año pasado, la cual tiene entrampado al Seguro Social pero no le ha dado ninguna solución.

Concluyó que, desde su punto de vista, en lo que resta del presente sexenio “será muy difícil hacer una reforma al sistema nacional de pensiones del tamaño que se requiere, pero también hay que subrayar que el gobierno siguiente, sea del partido que sea, tendrá que enfrentar el reto de emprender cuanto antes esta reforma”.

Por su parte, el legislador del PRI, Marco Antonio García Ayala, señaló que los diputados han estado trabajando con propuestas concretas en una posible reforma al sistema de pensiones y no se ha limitado exclusivamente en discursos.

Agregó que hay cuestiones a cuidar porque en primer lugar no debe deslindarse el gobierno de la responsabilidad que le corresponde para garantizar una pensión a los trabajadores.

A su vez, Benjamín González Roaro, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pidió a los diputados pasar del terreno discursivo al de los hechos y puntualizar cuáles son sus propuestas para la reforma, a fin de actualizar el sistema de pensiones y de seguridad social.

Subrayó que desde agosto del año pasado el ISSSTE puso en la mesa de discusión con los diputados, la propuesta del Gobierno Federal para dicha reforma, “hoy no se ha traducido en iniciativa porque queremos lograr los consensos adecuados. Es una propuesta, no estamos planteando que es la única y se impone a rajatabla”.

Mencionó que un asunto que se está viendo con interés y si se tiene el planteamiento se podrá entrar a la discusión, es que la administración de las cuentas puede ser por una entidad privada, pública o que tenga ambas participaciones, como ya sucede en México.

Informó que el instituto a su cargo tiene que recibir de subsidio adicional para resolver sus problemas cerca de 30 mil millones de pesos, los cuales destinados a una pensión universal alcanzarían para pagarles a todos los mexicanos mayores de 65 años una erogación similar a tres cuartas partes de un salario mínimo.

En su oportunidad, Santiago Levy Algazi, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, manifestó que el reto para todos los actores políticos es estudiar cómo se puede llevar a cabo modificaciones socialmente responsables a la legislación en materia de seguridad laboral, “la cual permita que la puerta de entrada a la seguridad social sea más ancha”.

Dijo que es necesario generar sistemas de ahorro y de incorporación a la seguridad social, a fin de evitar que nuestro país tenga que resolver dentro de 15 ó 20 años el dilema de mantener o no a la institución.

Al referirse a las pensiones, Levy Algazi indicó: “es un problema no fácil, complicado, que tiene muchas aristas, que tiene dimensiones financieras, macroeconómicas, sociales y que requiere de las aportaciones de todos para resolverlo”, recalcó.

Informó que de los casi dos millones de pensiones que se generaron en el país bajo la Ley 73, aproximadamente la mitad no se generó por retiro, sino por invalidez y riesgos de trabajo y sugirió a los involucrados, trabajar con el fin de crear un seguro que establezca incentivos que mantengan protección social frente a eventos no controlados, como una situación de invalidez.

La mesa redonda Actualidad y Futuro de los Sistemas de Pensiones se llevó a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología.