Por unanimidad de 353 votos la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad que establece las bases para la plena inclusión de este sector de la población, que alcanza los 10 millones de mexicanos, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades en todo los ámbitos de la vida.

Se plantea la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que será el encargado de establecer la política general en la materia y propondrá al Ejecutivo Federal la inclusión de partidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para la aplicación y ejecución de los programas respectivos.

Asimismo se contempla la constitución de bancos de prótesis y órtesis, facilitando su obtención a la población de escasos recursos y la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación en beneficio de este sector.

El documento fija los lineamientos a seguir por las autoridades para el diseño de programas en materia de Salud, trabajo y capacitación; educación; facilidades arquitectónicas de desarrollo urbano y vivienda; transporte público y comunicaciones; desarrollo y asistencia social; deporte y cultura, así como seguridad jurídica.

Se subraya la renovación y adaptación del parque vehicular de transporte público que deberá incluir espacios para personas con discapacidad en un periodo máximo de cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente proyecto turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Respecto al citado Consejo se señala que será presidido por el Secretario de Salud y se integrará por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social, así como el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicho consejo elaborará y coordinará el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad.

En los considerandos se subraya que hay alrededor de 10 millones de mexicanos con alguna discapacidad, de los cuales el 11.5 por ciento tiene entre cero y 14 años: 13.6 por ciento de 15 a 29 años: 30 por ciento entre los 30 y 59 años y el 44 por ciento más de 60 años.

El 31.6 por ciento de las personas la adquirió por alguna enfermedad, el 22.7 por ciento como consecuencia de problemas relacionados con la edad, el 14.9 por ciento nació con ella, 17.7 por ciento como resultado de un accidente y 1.9 por ciento por otras causas, se precisa.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Adriana González Furlong (PAN) presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, indicó que muchas de las personas con discapacidad han sufrido marginación, discriminación, falta de oportunidades, por lo que han demandado el impulso de un marco normativo y políticas públicas que reconozcan su importancia, impulsen su desarrollo y contribuyan a su dignificación.

Subrayó que la ley beneficiará a millones de mexicanos en educación, salud, desarrollo social, trabajo, capacitación laboral y deporte. “Es una oportunidad histórica la que hoy tenemos al culminar un esfuerzo que comenzó hace más de una década”.

El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal (PRI) dijo que la legislación en cuestión es un instrumento que se convertirá en punta de lanza de todas las acciones que realicen sociedad, iniciativa privada y gobierno, para unir los esfuerzos de este grupo social para la igualdad de oportunidades.

Agregó que se cumple con las expectativas para asegurar las condiciones que deben existir en el establecimiento de una política de Estado, con el objetivo de lograr la equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración y respeto.
Mencionó que sin importar el color partidista, la aprobación de la ley es clave para todas las personas que día a día vencen adversidades y luchan para salir adelante, enfrentándose a un sinnúmero de obstáculos.

De la misma bancada, la diputada Laura Elena Martínez Rivera mencionó que cada año se suman 85 mil nuevos casos de personas con alguna discapacidad por enfermedades, problemas congénitos, accidentes o riesgo de trabajo.

Añadió que 35 por ciento de la población con discapacidad no recibe educación médica, más del 95 por ciento no cuenta con un empleo; el tres por ciento alcanza algún nivel de estudio y el 82 por ciento depende de familiares o amigos, cuatro por ciento viven en la mendicidad y solamente el ocho por ciento practica algún deporte. Dijo que estas cifras son importantes para el diseño de una política de Estado.

En tanto, la diputada Virginia Yleana Baeza (PAN) refirió que con la aprobación de la ley culmina una etapa importante, después de 14 años de lucha por parte de distintas organizaciones para tener un instrumento normativo que enunciara los derechos de este sector y contemplara obligaciones puntuales para el Estado, en la búsqueda del respeto y reconocimiento a su dignidad.

Dijo que la ley dará certidumbre a la elaboración del programa nacional en la materia, al establecerse que ello corresponde a los órganos de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios. Además, permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad.

Por su parte, el diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) dijo que la norma en cuestión contiene preceptos que de ser adecuadamente aplicados acortará la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado a este sector de la población, expresada en pobreza, desempleo, analfabetismo y enorme marginación.

Con esta ley se acabará la improvisación de los gobernantes y las personas de discapacidad dejarán de ser sujetos políticos a cuestiones filantrópicas o paternalistas; por el contrario, a través de sus organizaciones podrán cogobernar en el Consejo Consultivo, en el que tendrán voz y voto.

En su turno, el diputado Leonardo Álvarez Romo (PVEM) enfatizó que se expresa la voluntad política de los partidos representados en el Congreso de la Unión, pero sobre todo se da validez y honra a un sector tan importante.

Agregó que las personas con capacidades diferentes conforman un sector vulnerable por sus involuntarias limitaciones y la marginación injusta de la sociedad.

En su participación, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia) celebró el acuerdo de la Cámara de Diputados en beneficio las personas de este sector de la población y dijo que la no-discriminación plasmada en la Constitución Política es algo que debe refrendarse todos los días.

Propuso que en el momento de reglamentar la ley, se establezca, a través de un equipo interdisciplinario, la certificación de personas con discapacidad, por parte de la Secretaría de Salud, que serviría para crear un registro nacional.